Agentes del Ministerio Público que investigan pagos irregulares a supuestas víctimas de la dictadura y que salpican al actual contralor de la República, Enrique García, están detrás de un esquema para defraudar al Estado. Igor Cáceres, uno de los fiscales investigadores, junto a Josefina Aghemo, aclaró que no existe aún imputación en el caso, pero mencionó que son 26 las carpetas de personas que fueron beneficiadas indebidamente con las millonarias indemnizaciones, donde el perjuicio sería de unos 3.300 millones de guaraníes. Todos ellos habrían sido firmados por el actual contralor.
En este sentido, el agente del Ministerio Público manifestó que llamó a varias personas tanto de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Hacienda para las declaraciones testificales.
Mencionó que fueron citados María Barrios, quien es directora de Delegaciones de la Defensoría, que había dictaminado en contra de las personas que de igual manera cobraron por pedido de Enrique García, quien era el procurador general de la República. “María Barrios había manifestado que no se le podía pagar a las personas que fueron solicitadas por el entonces procurador”, dijo el fiscal cuando incautaron varios informes de la Defensoría.
Además, existen ocho funcionarios más que firmaron contra la solicitud del procurador García, ya que sus documentos no estaban en regla.
Cáceres también nombró a Héctor Fernández, encargado del área judicial de la Defensoría, quien realiza los trámites para los pagos de las indemnizaciones, como también Sabina Romero, quien se desempeña como analista de indemnizaciones en un departamento del Ministerio de Hacienda. A ella se suma Berenice Ortega, encargada de Análisis e Informes del Ministerio de Hacienda.
El fiscal manifestó que nunca habló con el actual defensor del Pueblo Miguel Godoy, pero que oportunamente lo llamaría para una testimonial.
De las ventiséis carpetas que están siendo investigadas por presuntos cobros irregulares, en veinte se pudieron confirmar que tuvieron alguna situación irregular.
El agente del Ministerio Público indicó que una eventual imputación sería por producción de documentos no auténticos y lesión de confianza.
Además mencionó que, aparte del que fuera procurador, Enrique García, existen otros funcionarios que serían parte del esquema para beneficiar a las supuestas falsas víctimas de la dictadura stronista, con el solo hecho de cobrar alguna indemnización.
“Estamos cerrando el círculo, vamos por buen camino; tenemos elementos para avanzar en la investigación, ya que existen numerosos documentos comprometedores”, mencionó Cáceres. El perjuicio patrimonial sería de unos 3. 300 millones de guaraníes, situación registrada desde el 2006.
