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Economía
domingo 25 de diciembre de 2016, 01:00

Consorcios en puja por aeropuerto soportan fuertes cuestionamientos

Tras la apertura de los sobres que contenían las ofertas económicas, en el marco de la licitación para la construcción de la nueva terminal del aeropuerto Silvio Pettirossi, una ardua tarea le espera al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), puesto que los dos consorcios que siguen en carrera poseen miramientos que podrían dejar desierto el concurso, que se emprende bajo la modalidad de alianza público-privada (APP).

El grupo conformado por Vinci Airports–Talavera Ortellado (Francia y Paraguay) fue objetado desde un comienzo por técnicos y políticos, dado que el estudio jurídico GGBSL (Gómez Grassi, Gómez Buongermini y Sarubbi Lutz) asesora a la firma francesa. El jefe del Gabinete del MOPC, Esteban Sarubbi Lutz, forma parte de este bufete.

Por tal motivo, el ministro Ramón Jiménez Gaona firmó el pasado 19 de abril de este año el Decreto 565, mediante el cual excluyó a Sarubbi del Sistema de Gestión de Proyectos Estratégicos, específicamente en el marco de la modernización y ampliación del aeropuerto Silvio Pettirossi.

El funcionario presidió la Comisión de Proyectos Estratégicos, creada en diciembre del 2014, hasta el 16 de abril de 2016, a través de la resolución ministerial 1660, y su función era la de aprobar y dar seguimiento al trabajo de la Dirección de Proyectos Estratégicos (Dipe).

No obstante, varios senadores aseguraron hace dos días que manejan la información de que Sarubbi aún está trabajando con Vinci, por lo que se viola la Ley de APP, que prohíbe la vinculación de empleados públicos con los oferentes. Vinci–Talavera Ortellado recibió una calificación técnica de 81,1 puntos (de un mínimo de 80 que debía obtener) y ofrecieron pagar al Estado un canon anual del 1,02% de los ingresos brutos del aeropuerto.

eliminado. El consorcio Cedicor (Argentina)–Caminos Viales del Uruguay, que fue eliminado ya en la evaluación técnica, tampoco se escapaba de los cuestionamientos.

Este oferente había propuesto pagar el canon más alto al Estado paraguayo, 47,28%, pero en Argentina había enfrentado diversos problemas, que también podían costarle la descalificación.

Legisladores de ese país afirman que no había pagado los cánones correspondientes al Estado argentino.