La cartera estatal puso un tope máximo de las ofertas económicas y financieras, que las empresas no podían sobrepasar, de acuerdo al documento del llamado. En este sentido, para los pagos diferidos de inversión de manera semestral, el MOPC puso un máximo de USD 24.742.851 y para los pagos por disponibilidad al año (mantenimiento de la ruta) G. 132.084 millones. Ambos montos no incluyen el IVA.
Sin embargo, el consorcio integrado por Sacyr (España), Mota Engil (Portugal) y Ocho A (Paraguay), al no tener competidores, presentó los mismos montos que puso como tope máximo el MOPC (ver infografía); es decir, lo más caro que se pudo a sabiendas que serían los únicos oferentes.
Según fuentes del sector, la alianza de las firmas mencionadas fue para evitar la competencia en la licitación. En un comienzo la empresa que ofrecía la menor inversión, respecto al tope máximo estipulado, debía ser la ganadora.
¿CÓMO FUNCIONA? Recordemos que hace unas semanas el MOPC adelantó el proceso de apertura del sobre 2, referente a la “Propuesta Económica Financiera”, donde se dio a conocer que el oferente ni siquiera modificó el monto referencial máximo del MOPC.
El consorcio liderado por Sacyr propuso un pago diferido de inversión (por las obras) por un importe de USD 24.742.850, sin incluir el IVA. Las cuotas se pagarán dos veces al año, por un periodo de quince años. Esto significa que solamente la construcción de la ruta tendrá un costo total de USD 816 millones, en caso de aceptarse la oferta; es decir, el doble de los USD 400 millones que invertirá la compañía en la duplicación.
Por otro lado, el oferente estableció el pago anual de G. 132.083 millones (sin IVA), en concepto de pago por disponibilidad, que es el mantenimiento de las rutas en cuestión. Este importe se desembolsará por los 30 años que dure la concesión, lo que significa una erogación de G. 4,3 billones (USD 747 millones).
Ambos pagos mencionados se realizarán una vez que se concluya la infraestructura, y el monto saldrá del fideicomiso que se creará para el efecto, donde se depositará toda la recaudación del peaje. La obra no se costeará en un 100% de la recaudación de los puestos del peaje, por lo que el Estado deberá aportar lo que falta a lo largo del contrato (30 años).
Según los cálculos, con la APP de las rutas 2 y 7 la empresa –si gana la licitación– recibirá más de USD 1.500 millones, durante los 30 años de la concesión; es decir, más del triple de lo que invertirá. La oferta ahora está en proceso de evaluación para su examen, análisis y calificación.
Si Sacyr resulta ganadora de la primera obra que se licitó vía APP el 25 de setiembre de 2015, deberá realizar el diseño, financiación, construcción, mantenimiento y operación de las rutas 2 y 7. La obra de duplicación y ampliación tiene una extensión de 149 km y requerirá de una inversión estimada en USD 400 millones. Asimismo, el Estado tendrá que invertir un monto estimado de USD 80 millones en expropiaciones y liberación de la franja de dominio.
