Los ex líderes del movimiento Patria Libre, Juan Francisco Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez, habían denunciado que fueron detenidos por agentes estatales, quienes los retuvieron en contra de su voluntad y torturaron entre los días 17 al 30 de enero de 2002 para que se declaren culpables por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi.
Brasil les otorgó el estatus de refugiados políticos a ambos el 1 de diciembre de 2003.
“La Comisión concluyó que el Estado de Paraguay es responsable por la violación de derechos humanos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”, detalla un informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).
La argumentación de la Comisión refiere que las autoridades paraguayas no procedieron de forma debida ante la desaparición de los líderes políticos y no respetaron el principio de presunción de inocencia, ya que ambos fueron presentados como secuestradores sin existir una condena.
Reparación de daños
La CIDH recomendó al país reparar lo que consideraron como “violación de derechos humanos”, mediante una compensación económica, además de brindar atención a la salud física y mental de Arrom y Martí para la rehabilitación de los mismos en Brasil.
Paraguay también deberá reabrir y completar la investigación para esclarecer los hechos e imponer las sanciones por “las violaciones de derechos humanos”, según solicita la CIDH en su informe presentado ante la Corte el 12 de diciembre pasado.
