En un país donde la evasión y la elusión impositiva, así como el mal uso del dinero público, son alarmantes, el endeudamiento al cual nos está sometiendo el gobierno de Horacio Cartes resulta preocupante.
En un lapso de apenas tres años, Paraguay se endeudó ya por USD 2.380 millones, vendiendo bonos del Tesoro en el mercado internacional, a 10 y 30 años de plazo. Este monto no incluye los préstamos contraídos con organismos multilaterales ni los bonos comercializados en el mercado local, tanto a través del Banco Central del Paraguay como vía Bolsa de Valores y Productos de Asunción.
La argumentación esgrimida por el gobierno de Horacio Cartes para seguir con este ritmo de endeudamiento es que el nivel de deudas contraídas no alcanza el 20% del producto interno bruto (PIB); y que es necesario acceder a este mecanismo de financiamiento para poder ejecutar más obras viales.
Aunque no hay una estimación oficial del nivel de evasión impositiva, se presume que ronda el 30%. Con relación al gasto público, no hay datos sobre el mal uso que se da a los impuestos que pagamos, pero viendo las últimas publicaciones sobre el cocido de oro, los viáticos vip, las secretarias vip y otros tantos casos denunciados por los medios de prensa, no es difícil creer que el derroche supera el 20% del presupuesto estatal.
Un informe elaborado por el Ministerio de Hacienda muestra que en los últimos cinco años los gastos salariales financiados con impuestos aumentaron 98,3%, mientras que en el mismo periodo de tiempo las inversiones públicas financiadas con las recaudaciones tributarias cayeron 9,2%. Esto provocó que el año pasado, por ejemplo, por cada G. 1.000 recaudados, G. 800 fueron destinados a pagar salarios, horas extras y viáticos, mientras que las inversiones físicas financiadas con lo aportado por los contribuyentes representan apenas G. 36 por cada G. 1.000 ingresados en tributos.
¿Vale la pena seguir endeudando al país, pudiendo mejorar los controles para aumentar la recaudación impositiva y mejorar el gasto público? Muchos creemos que no. Por eso, pretender que los administradores del Estado utilicen bien nuestros impuestos no debería ser un sueño solamente.
Necesitamos autoridades comprometidas que entiendan de una vez por todas que deben acabarse los viejos vicios del mal uso del dinero estatal. No basta con decir que solo la Contraloría General de la República es la entidad encargada de verificar el buen uso del dinero público, evitando responsabilidades como administradores. Cientos de paraguayos que hoy pasan hambre no pueden seguir esperando a que las autoridades alguna vez se den cuenta de las necesidades que padecen.
