Los concejales de Ciudad del Este que realizaron la denuncia son Teodoro Mercado, Celso Miranda, Lilian González, Miguel Prieto, Herminio Corvalán, María Portillo, Juan Ángel Núñez y Juan Carlos Barreto. Los mismos solicitan la remoción del cargo del juez Penal de Garantías Silvio Rojas, informó la periodista del Diario Última Hora Noelia Duarte.
Según la denuncia, el juez dio lugar al amparo planteado por la Municipalidad de Ciudad del Este contra su propio gobierno municipal y anuló tres sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este. Con esta acción judicial la intendenta Sandra McLeod impuso varias millonarias y sugestivas adjudicaciones que el legislativo municipal había rechazado.
Los concejales afirman que el magistrado solo consideró lo planteado por la intendenta, pues la contestación de los concejales fue rechazada en forma absurda, en abierta violación al artículo Nº 88 de la Ley 879/81, Código de Organización Judicial: “Los jueces y tribunales no darán curso a los escritos que se presenten sin cumplir este requisito. Quedan exceptuados las actuaciones ante la Justicia de Paz y las de Recurso de Habeas Corpus y de Amparo y otros casos establecidos en leyes especiales”.
En la denuncia señalan que el amparo promovido por la Municipalidad de Ciudad del Este adolece de serias deficiencias, pues no se agotaron las instancias previas y no se argumentó el daño inminente. Además, se utilizaron argumentos falsos con ropajes de verdad.
Manifiestan que el amparo se tramitó ante el juez Rojas, de Hernandarias, quien primeramente otorgó una medida cautelar solicitada por la representante legal de la Municipalidad de Ciudad del Este en contra de las resoluciones del Gobierno Municipal y suspendió todos los efectos de tres sesiones del legislativo municipal.
Afirman que una sentencia de amparo no puede anular resoluciones de la Junta Municipal ya que las sentencias recaídas en el amparo no causan estado.
“Si el juez recibe un amparo con defectos procesales debe rechazarlo in límine, es decir, no puede admitir una ‘autodemanda’, como ocurrió en este caso”, expresa la denuncia.
Por último, afirman que si un juez a través del amparo resuelve anular las resoluciones de la Junta Municipal incurre en mal desempeño de sus funciones.
También fue denunciada por mal desempeño de sus funciones la fiscal Claire Acosta, por imputar al presidente de la Junta Municipal (Teodoro Mercado), y la jueza Carmen Chávez, quien concedió la medida cautelar en el caso de la Junta Municipal.
