Los religiosos se reunieron en la ciudad de Luque a los efectos de analizar el desenlace judicial de la masacre que dejó 17 paraguayos muertos (11 campesinos y 6 policías) y cuya investigación fiscal es duramente cuestionada por organizaciones sociales.
“Para edificar una sociedad pacífica y lograr el desarrollo integral de los individuos y de la nación resulta esencial la defensa y la promoción de los derechos humanos de todos. La responsabilidad social, el respeto a las leyes y el cumplimiento de los procesos judiciales civiles y penales dan solidez a la construcción de una sociedad justa y segura para todos los paraguayos y extranjeros que habitan el suelo patrio”, comienza señalando el comunicado de los obispos.
“Nos hacemos eco de la muestra de incertidumbre de un sector de la ciudadanía, especialmente de los familiares, que sigue latente con relación a los involucrados en el proceso. La paz social es un bien determinante para la sana convivencia entre todos los sectores. Para ello es fundamental esclarecer los hechos a partir de elementos de juicios valederos, para no condenar a inocentes y absolver a culpables.”, prosigue la carta abierta a la opinión pública.
“Es de vital importancia que los jueces demuestren absoluta imparcialidad en el momento de dictar una sentencia. Imploramos la ayuda de Dios, María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra para que iluminen el corazón de los miembros del Tribunal correspondiente”, finaliza el comunicado.
Todo apunta a que el Caso Curuguaty llega –al menos en la Justicia– a su tramo final este lunes.
Un grupo de activistas sociales y familiares de campesinos procesados se encadenó a las rejas de la plaza De la Justicia pidiendo la absolución de los labriegos y realizando una vigilia permanente.
