La convocatoria es para las 8.30. En la diligencia, el magistrado deberá dictar las medidas cautelares que deberán seguir los tres imputados durante el proceso penal.
Se trata de Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco. Todos ellos figuraban como contratados en el Congreso, a cargo del diputado Rivas, pero en realidad se desempeñaban como el casero de su casa en Lambaré, el encargado de su estancia en el Departamento de Paraguarí y empleado de su negocio en Ybycuí, respectivamente.
Luis Piñánez, el fiscal anticorrupción que investigó el caso, solicitó al juez Riquelme medidas alternativas a la prisión para los tres caseros. Entre otras medidas, pidió la prohibición de salida del país, una fianza real o personal por G. 26 millones cada uno, la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del magistrado y la comparecencia mensual al juzgado.
Además, el investigador pidió al magistrado seis meses como plazo para culminar la investigación y formular un pedido de juicio oral y público para los tres empleados.
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Si bien el diputado Rivas también fue imputado, el juzgado aún no puede convocarlo a una audiencia de imposición de medidas y procesarlo. Primero, el legislador colorado de Paraguarí debe ser desaforado por la Cámara de Diputados.
El pasado 22 de mayo el magistrado del caso comunicó a la Cámara de Diputados la causa que se formó contra el legislador. Ahora, la Cámara Baja deberá estudiar el desafuero para iniciar el proceso a Rivas. Este último logró su reelección en el Congreso, con el amparo del movimiento Honor Colorado en Paraguarí.
IMPUTACIÓN. La causa al parlamentario y sus caseros es por los delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
La imputación se basa en el registro de ubicación de llamadas entrantes y salientes de las líneas de telefonía celular que Chaparro, Romero y Franco declararon como suyas en sus legajos ante la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara Baja.
El informe técnico señala que los caseros en ningún momento estuvieron en sus puestos laborales en la Cámara de Diputados, durante los días en los que el diputado Rivas participó en sesiones ordinarias y extraordinarias, entre julio del 2016 y marzo del 2017. Por su parte, desde que el caso fue revelado por ÚH, el legislador Rivas se limitó a negar que sean sus caseros y decir que se trata de una persecución en su contra.