Por Carlos Peralta
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El presidente de la República, Horacio Cartes, ordenó ayer que tanto el viceministro de Seguridad Interna, Javier Ibarra, y el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Rojas, se pongan a disposición de la Fiscalía General del Estado, tras el revuelo causado por las declaraciones del narcotraficante Ezequiel de Souza Gómez a través de un audio dado a conocer en la noche del viernes y en el cual se involucra a políticos y otras autoridades en el negocio del narcotráfico.
Un colaborador cercano al titular del Ejecutivo confirmó a ÚH que apenas culminada la final de fútbol de la Champions League en Berlín, donde Cartes estuvo presente, se ordenó que las autoridades de los organismos encargados de la seguridad brinden todas las explicaciones en torno al polémico audio que posee en realidad más de una hora de duración, además de las duras acusaciones de Ibarra a Rojas, tras conocerse la grabación.
Investigación. De hecho, la Fiscalía abrirá mañana un proceso de investigación sobre este hecho a través de un equipo multidisciplinario y llamará a declarar a las partes, es decir al titular de la Senad y a los senadores Arnoldo Wiens y Arnaldo Giuzzio, con quienes De Souza mantuvo el encuentro.
Para la Fiscalía, resulta llamativa la inacción de ambos legisladores dado el tiempo en que se produjo la entrevista secreta (5 de noviembre del 2014), en pleno auge de las denuncias sobre narcopolítica.
Además, se anuncia una investigación a todas las autoridades políticas, policiales y militares citadas por el narcotraficante, para conocer la veracidad de sus afirmaciones.
Las declaraciones del narco recluido actualmente en la Senad, tras haber sido detenido en el 2012 con el mayor cargamento de cocaína incautada en el país, encendieron la mecha en el Ejecutivo, donde quedó evidenciada la feroz lucha interna entre los organismos de seguridad.
En el audio dado a conocer, De Souza salpica a políticos, jueces, fiscales, policías, agentes regionales de la Senad, militares y periodistas, como implicados en el crimen organizado, quienes supuestamente cobraban millones en concepto de coimas para permitir el libre tránsito de la droga en la frontera.
El viceministro de Seguridad Interna, Javier Ibarra, uno de los sindicados por De Souza, echó más leña al fuego y acusó directamente al titular de la Senad, Luis Rojas, de buscar rédito político con esta situación. Según comentaron, el presidente está sumamente molesto por lo acontecido.
