La fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Liliana Alcaráz investiga al ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas, así como también a Luis Alberto Caballero Candia, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal y otras personas, por lesión de confianza. Para Cárdenas, esta se vuelve la quinta causa penal que afronta.
La denuncia fue presentada por el abogado Pedro Benítez, jubilado de la Caja, por la supuesta venta irregular de más de 30 fincas de propiedades, que serían unos 477 lotes, inmuebles y bienes patrimoniales de la entidad, por un monto G. 13.088.495.207. Esto, en subasta pública, realizada el 9 de diciembre de 2016.
El escrito menciona que de los 477 de inmuebles fueron rematados 233 lotes sin dar de baja y lo más grave es que seis lotes fueron rematados sin estar siquiera valuados.
Detalla que en la subasta, 23 inmuebles fueron rematados por el precio de 17. Es decir, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) valuó unas 17 fincas por un precio base de G. 4.634.471.481, mientas que otras seis no tenían valuación, pero lo mismo fueron incluidos en un paquete, manteniendo el mismo precio.
Benítez explicó que el daño patrimonial estimado a la Caja de Jubilaciones es de G. 1.635.695.806. Esto teniendo en cuenta que cada finca da la suma de G. 272.615.969 y si se multiplica por las 23 fincas rematadas se tiene que el monto asciende a la suma de G. 6.270.167.287 a lo que restan los montos de las 17 que sí fueron valuadas por el MOPC, con lo que calculan el perjuicio mencionado.
Además, comentó que las autoridades de la Caja Municipal realizaron una operación fraudulenta “que refleja el poco o nada apego a las disposiciones legales para resguardar los bienes patrimoniales de la entidad que le confió honestidad”, resaltó el profesional del Derecho.
Asimismo, señaló que los denunciados no han informado de la operación de subasta que venían gestionando o tramitando, hasta que se presentó una demanda judicial de diligencias preparatorias y que arrojó como resultado la remisión de todas o casi todas las documentaciones que hacen a la operación.
“Los bienes inmuebles subastados por las autoridades de la Caja Municipal debieron, primero, disponer de un valor de los mismos (valuación), que en este caso realizado por el MOPC y estar incluido en la lista de “Baja”, solicitado por la Caja y comunicado por la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda, cosa que no ocurrió", dijo Benítez.
Los otros denunciados en el caso son Bernabé Peralta, Venancio Díaz, Stella Galeano de Orué y René Medina.
Los inmuebles subastados se encuentran en Limpio, San Lorenzo y Ñemby y fueron adjudicadas a las empresas SEPRO SA, B. Rainz e Irún Propiedades, de acuerdo a los datos de la investigación.
dados de baja. El Decreto Nº 20132/2003 menciona que el responsable del organismo o entidad debe solicitar la baja de los bienes al Ministerio de Hacienda, Dirección General de Contabilidad Pública, la resolución de una Comisión encargada de llevar adelante el proceso, y el informe sobre verificación del jefe del Departamento de Patrimonio, sobre si los bienes a ser dados de baja se encuentran inventariados.
sobreseimiento. Cárdenas cuenta con cinco causas penales, de las cuales en dos procesos por presuntos hechos de corrupción el Ministerio Público ya solicitó un juicio oral y público. Sin embargo, en ambas están pendientes la realización de la audiencia preliminar.
En tanto, en una tercera causa los agentes Luis Said, Fabiola Molas, Carina Sánchez y Teresita Torres pidieron al juez Hugo Camé el sobreseimiento provisional por el presunto desvío de G. 8.000 millones correspondientes a royalties. Finalmente, la cuarta causa por las firmas de las planillas está paralizada, debido a que el fiscal Fabián Centurión fue recusado.