EFE.
Según una encuesta realizada por las organizaciones Centre d’Action Laïque y DeMens.nu, “el 75 % de los belgas opinan que el aborto debería ser eliminado del Código Penal”, ya que todavía está recogido por la ley penal como “una ofensa contra el orden de la familia y la moral pública”.
Según la misma encuesta, “solo el 20% de los belgas saben que el aborto todavía se considera un delito” y “más del 60% creen que negar un acceso legal y seguro para abortar constituye un caso de violencia contra la mujer”.
Desde 1990, la Ley Lallemand-Michielsens (llamada así por los dos diputados que la redactaron) despenaliza parcialmente el aborto en Bélgica.
Sin embargo, si se infringen las condiciones de la ley de 1990, seguirán aplicándose los artículos 350 y 351 del Código Penal, de forma que las mujeres y el personal médico que les trate en dicha situación, pueden enfrentarse a multas o encarcelamiento.
Que una mujer solo pueda interrumpir el embarazo en el plazo de doce semanas, que deba ser informada de que su hijo puede ser adoptado al nacer y el plazo necesario de esperar seis días desde la primera consulta médica, sin importar el tiempo transcurrido del embarazo, son las condiciones más polémicas recogidas por esta ley.
Además, el médico puede hacer preguntas de objeción de conciencia, y no está obligado a enviar a la paciente a otros profesionales dispuestos a realizar el aborto.
Según un sondeo realizado por el periódico belga Le Soir, “15 de 20 diputados del partido Mouvement Réformateur (al que pertenece el primer ministro, Charles Michel) están a favor de la reforma”.
En los últimos dos años, seis propuestas han sido presentadas al Parlamento Federal por distintos partidos políticos belgas (Défi, PS, Ecolo-Groen, SP.A, Open VLD y PTB-PVDA), pero ninguna de ellas ha producido cambios legislativos.
