El juez Penal de Garantías, Óscar Aníbal Delgado, tomó la decisión de suspender la audiencia preliminar para el senador Víctor Bogado; la supuesta niñera, Gabriela Quintana, y Miguel Ángel Pérez, ex jefe de gabinete del legislador.
Los tres están procesados por supuesto cobro indebido de honorarios y estafa. Quintana en calidad de autora y los otros dos como cómplices.
El abogado Ricardo Zárate, representante legal de la mujer, presentó un certificado médico alegando que su cliente estaba con un cuadro de influenza.
Este recurso se suma al del abogado Gabriel Chase, defensor de Miguel Pérez, quien recusó la semana pasada a los fiscales de Delitos Económicos René Fernández, José Dos Santos, Liliana Alcaraz y Luis Piñánez por falta de objetividad.
Víctor Bogado fue escrachado a su salida del Juzgado por la abogada Kattya González y otros miembros de la Coordinadora de Abogados del Paraguay. La mujer trató al parlamentario de inmoral e indecente.
Mientras que el legislador consideró que la abogada quiere colgarse de él porque quiere ser candidata a la presidencia de la República.
El juez Delgado decidió fijar que la audiencia preliminar vuelva a desarrollarse los días 28, 29 y 30 de marzo y apercibió a los abogados de ser sancionados con las medidas establecidas en el Código Procesal Penal si presentan nuevos recursos procesales para evitar que la diligencia se lleve a cabo.
“Podemos tomar medidas en relación a los litigantes y remitir sus antecedentes al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia y ahí se analizan las medidas que pueden ir desde un apercibimiento hasta la cancelación de la matrícula de los mismos”, explicó el magistrado.
También ordenó que un médico forense inspeccione el estado de salud de Gabriela Quintana para determinar la veracidad del certificado médico. Dijo que de ser falso, se revocarán las medidas contra la mujer y se le impondrá la prisión preventiva.
El Tribunal de Apelación había anulado la elevación a juicio oral de este caso, dictada por el juez Julián López el 17 de diciembre de 2014. Esto, supuestamente, porque violó el principio de inmediatez al resolver luego del plazo legal, según la resolución.
EL CASO. En la causa, la Fiscalía sostiene que la supuesta ex niñera Quintana cobró más de G. 71 millones de forma ilegal, ya que percibía dos salarios: en la Cámara de Diputados y en Itaipú Binacional.
Según la acusación, en marzo del 2013 Bogado pidió al titular de Itaipú que comisione de vuelta a Quintana para que esta cumpla funciones en la Cámara Baja, donde ya tenía un salario como funcionaria permanente.
Conforme con el Ministerio Público, Quintana figuraba como asesora en la Cámara Baja y cobraba un salario de G. 6.618.700, y en Itaipú, un salario de G. 8.739.300.
Por su parte, durante el proceso, Bogado afirmó que es inocente y que todo era una persecución política.
