La agente fiscal Carmen Gubetich los imputó por contrabando y comercialización de alimentos nocivos. Solicitó la prisión preventiva de ambos, pero el magistrado tuvo en cuenta el estado de salud de Guerrero, quien es trasplantado renal y necesita seguir su tratamiento. Le otorgó permiso de 4 horas a él y a su esposa para ir una vez a la semana al Instituto de Previsión Social (IPS) para que él se dialice. La Asociación de Salineros del Paraguay, por su parte, emitió un comunicado defendiendo a las marcas nacionales, asegurando que distribuyen con certificación.
