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La proyectada instalación de usinas nucleares en la provincia argentina de Formosa, confirmada a comienzos de la presente semana en Rusia por el ministro de Planificación del vecino país, Julio de Vido, supone una violación de disposiciones expresas de la Convención sobre Seguridad Nuclear, adoptada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el 17 de junio de 1994.
En su artículo 17, inciso 4, al abordar el tema relativo al emplazamiento de nuevas instalaciones nucleares, la Convención prescribe: “Consultar a las Partes Contratantes que se hallen en las cercanías de una instalación nuclear proyectada, siempre que sea probable que resulten afectadas por dicha instalación y, previa petición, proporcionar la información necesaria a esas Partes Contratantes, a fin de que puedan evaluar y formarse su propio juicio sobre las probables consecuencias de la instalación nuclear para la seguridad en su propio territorio”.
La Convención fue suscrita por la República Argentina y ratificada por su Congreso el 19 de febrero de 1997, a través de la Ley n.° 24776, por lo tanto su cumplimiento es de carácter obligatorio para las autoridades de ese país.
El titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, institución dependiente de la Universidad Nacional de Asunción, ingeniero forestal César Cardozo, explicó ayer por la tarde a nuestro diario que en el transcurso del presente año solicitó a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores la suscripción por parte del Paraguay de la mencionada Convención, así como el inicio de su ratificación al Congreso Nacional, a fin de poder formalizar los reclamos del caso ante la República Argentina y, eventualmente, ante la OIE por el incumplimiento de las disposiciones prescritas en el citado instrumento internacional.
Cabe señalar que cinco años atrás, el Gobierno argentino reclamó a su par del Uruguay el no otorgamiento de información correspondiente sobre la instalación de papeleras en la rivera del río homónimo que ambos países comparten. El caso se ventiló incluso en el Tribunal Internacional de Justicia, con sede en La Haya, tras infructuosas negociaciones diplomáticas.
El caso se da ahora, aunque de manera inversa, con el Paraguay, país al que se le estaría negando información relativa a la instalación de una usina nuclear en la provincia de Formosa. El Gobierno argentino, a través de su Embajada en Asunción, hasta el momento no ha dado muestras fehacientes de haber cumplido con su obligación de proporcionar la información del caso a las autoridades paraguayas, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.