EFE
“Si no evacúan el colegio Jefferson en menos de 5 minutos, lo hago volar por el aire, ¿entendieron? Evacúen ya”, se escucha en uno de los audios publicados por las autoridades, que denuncian que a esta llamada anónima le siguieron dos más con la misma voz y el mismo mensaje.
Las autoridades del país suramericano advierten de la gravedad de la situación. En el último mes se recibieron hasta 2.800 llamadas, según indicó el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Desde el 1 de septiembre hasta el pasado 4 de este mes se contabilizaron casi 3.000 llamadas sin identidad a los servicios de emergencias argentinos, que inmediatamente alerta con la escuela acusada y la evacúa.
Tanto docentes como alumnos ya sufren los resultados de las continuas evacuaciones y señalan que prácticamente a diario ven interrumpidas sus actividades educativas, un problema por el que ya se han abierto diferentes causas judiciales.
Las autoridades provinciales continúan avanzando para sancionar a los responsables y la Justicia bonaerense comenzó a demandar a los padres de los adolescentes que realicen las amenazas por “daños y perjuicios”.
El titular del ministerio de Seguridad de Buenos Aires, Cristian Ritondo, declaró a principios de octubre en la localidad de Zárate que las amenazas no son “un juego”, sino “un delito”, y que ya hay “varios detenidos” en diferentes ciudades bonaerenses.
El pasado jueves, las fuerzas de seguridad detuvieron a tres chicas de 12, 13 y 18 años, dos de ellas hermanas, y un joven de 16, tras allanamientos en los que hallaron diversos teléfonos móviles, según comunicaron fuentes del ministerio de Seguridad de la provincia.
En los últimos días, más de medio centenar de personas, mayores y menores de edad, quedaron en disposición de la Justicia en más allanamientos, y el ministerio de Seguridad de la provincia confirmó tener unos 120 casos en proceso por el mismo motivo.
Estas detenciones son solo un ejemplo de una problemática que sufre un peligroso clima de contagio mediante el que los adolescentes ven en los noticiarios cómo pueden faltar a clase prácticamente sin consecuencias, una de los posibles causas que pueden provocar la multiplicación de los casos de amenazas en los últimos meses.
Gustavo Ferrari, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, declaró el pasado viernes a la cadena local TN que cada movilización en una escuela afectada por un aviso cuesta al Gobierno cerca de 100.000 pesos (unos 6.000 dólares).
El político sostuvo que el Gobierno estudia que, además de la punibilidad, sea considerado un “delito civil” que obligue a los causantes a pagar el gasto que conlleva la evacuación de los centros.
A seis días de las elecciones legislativas en las que se renovará un tercio de la Cámara de Senadores (24 bancas) y la mitad de la de Diputados (127), ha habido diferentes políticos oficialistas que se han pronunciado al respecto.
La última en hacerlo fue la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, quien en declaraciones con la emisora local radio Continental acusó a una razón “más profunda” este asunto.
“Las amenazas de bomba en los colegios son síntoma de una construcción de un tipo de violencia que no se corresponde con la democracia que queremos. Frente a una situación política de crecimiento y consolidación gubernamental de Cambiemos, se genera una situación de intento de caos”, dijo.
Un “intento de caos”, como definió la ministra, del que están en contra una gran parte de alumnos y profesores, que hacen uso de las redes sociales para realizar sus denuncias.
