El Indert propone el diálogo entre todas las partes implicadas en el caso para arribar a una solución.
En el año 1985, el Directorio del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR) gestionó la compra de 6.000 hectáreas de la Finca Nº 5400 de la compañía Jesús y Trinidad, hoy Tavaí (Caazapá), y San Cristóbal (Alto Paraná), pertenecientes a Agropeco SA.
Primeramente el IBR pagó en su totalidad por una fracción de 2.000 hectáreas que posteriormente le fueron transferidas. “No ocurrió lo mismo con las 4.000 hectáreas restantes por las que se pagó el 30% del costo total, sin que Agropeco haya cumplido su parte de la resolución de compraventa, por la cual, al pago del 30%, la misma la debía transferir al IBR”, dice parte de un pronunciamiento del Indert divulgado ayer.
El ente rural reconoce que sobre la propiedad se habilitó la colonia María Auxiliadora y que se expidieron títulos durante toda la década de los 80, 90 y los años 2000, aproximadamente hasta el 2006.
Siempre según el Indert, en marzo de 2014 se firmó un acuerdo con la agropecuaria, que le cedía y transfería 1.509 hectáreas. Con este pacto, la firma podía disponer a su arbitrio de las demás 3.000 hectáreas.
El acuerdo fue rechazado en mayo de ese mismo año por Junta Consultiva y de Control de Gestión, en base a títulos del IBR que aparecieron y de los cuales no se tenía conocimiento.
“Agropeco SA, reconociendo la transacción que no llegó a término porque esta no cumplió su parte de transferir la propiedad al pago del 30%, depositó en la cuenta del Indert en el BNF la suma de G. 40.000.000, que el IBR le había abonado; es decir, devolvió el dinero al valor nominal del año 1985. Sin embargo, ante la opción de la cancelación de la deuda del IBR con los intereses al día, Agropeco SA se negó rotundamente”, dice parte de la misiva del Indert.
