COOPERATIVAS SUBESTIMADAS POR GOBIERNOS. A pesar de todo eso, las cooperativas vienen sufriendo de parte de los últimos gobiernos de turno una serie de incomprensiones y marginamientos, que en su oportunidad terminaron siendo rechazados por las entidades solidarias a través de denuncias en los medios y de diálogos con las autoridades. Ejemplo lamentable fue lo ocurrido en 2003/04 en oportunidad de la discusión sobre la Ley de Adecuación Fiscal. Solo la masiva movilización de sus socios y los convincentes argumentos de sus líderes hicieron que sendos proyectos de ley, enviados al Congreso por Nicanor Duarte Frutos, fueran retirados nuevamente para ser modificados convenientemente, reconociendo la importancia macroeconómica y social de las cooperativas. Al final, el proyecto de Ley de Adecuación Fiscal, posteriormente sancionado Ley de la Nación, otorgó a los entes solidarios el estatus que les es propio, en consonancia con la Constitución Nacional y con Ley de Cooperativas, la 438/94.
Algo similar pasó solo meses después, cuando se estudiaba el proyecto de ley para la creación de la Banca de Segundo Piso, que posteriormente fuera denominada Agencia Financiera de Desarrollo. En las discusiones previas, otra vez se marginaba a las cooperativas: se les denegaba la posibilidad de volverse también, al igual que los bancos y entidades similares, Instituciones Financieras de Intermediación IFI. Bastó con que sus líderes interpusieran su objeción y reivindicaran igualdad de oportunidades para que el proyecto de ley fuera nuevamente modificado a favor de las cooperativas.
NUEVA INTENTONA. Hoy en día se cierne nuevamente una amenaza, esta vez de parte del Ministerio de Hacienda, en contra de las cooperativas. Los dirigentes solidarios habían propulsado en el Senado la actualización de algunos aspectos obsoletos en la Ley 438/94, con aprobación de la mayoría de esa Cámara. La sorpresa fue que, en la Cámara de Diputados, posteriormente el ente recaudador introdujo modificaciones fundamentales, no deseadas por las cooperativas y nunca consultadas a ellas, como la generalización del IVA del 10% para todas las actividades de las cooperativas, modificando el art. 113 de la Ley 438. Además, en Diputados se impuso sobre tablas el sistema D’Hondt. Esto último es inconstitucional por la autonomía de la que gozan las mismas.
Además, las cooperativas pagan hoy en día todos los impuestos cuando se trata de actividades con terceros no socios. Eso hace que figuren ya entre los mayores contribuyentes del país. Lo que hoy está liberado de impuestos es solamente el Acto Cooperativo. La alteración del mismo, como pretende Hacienda, significaría una grave mutilación al fomento de las cooperativas, mandato constitucional, e iría en contra de su misma razón de ser. Sus socios realizan aportes mensuales para que las tasas de interés de las mismas les sean favorables. Por otro lado, como la inmensa mayoría de sus socios son gente de escasos recursos, el Acto Cooperativo, liberado de impuestos, y la presencia nacional de las cooperativas en todos los rincones del país hacen que el acceso a créditos de gran parte de los estratos bajos sea hoy en día una realidad.
