Actualmente la Procuraduría General de la República lleva adelante la mayor parte de las demandas por regulación de honorarios que se plantean a entidades estatales y no cuenta con una cifra exacta de la cantidad de causas. No obstante, distintos funcionarios consultados al respecto indicaron que el monto superaría fácilmente los 50 millones de dólares.
La institución más embretada por las demandas por este concepto es el BCP, en donde, por ejemplo, un solo abogado ya cuenta con resoluciones de regulación de honorarios por una suma que supera los 10 mil millones de guaraníes.
De igual forma, el BNF está acorralado a pagar a varios abogados que reclamaron honorarios por juicios que llevaron adelante en representación del banco. En estos casos, las instituciones alegan que la regulación no debería correr ya que los abogados ya cobraban un sueldo en los entes públicos que representaban.
En el caso del IPS, las demandas de honorarios en ocasiones incluso significaron el embargo de cuentas de la previsional, hecho que los representantes de la institución sostienen que es ilegal porque el Código Civil establece que los bienes y rentas del Estado son inembargables.
FALLOS. La polémica de abogados que representaban a entes estatales y terminaron regulando al Estado sus honorarios ya cuenta con varios fallos que favorece a los profesionales que accionaron.
Recientemente la Procuraduría General de la República anunció que es ilegal que los representantes legales del Estado regulen sus honorarios nuevamente al Estado.
Esta postura se escuda en la Ley N° 2796/05, que establece que los abogados de instituciones públicas en procesos judiciales “no tendrán acción para requerir honorarios judicial o extrajudicialmente a sus mandantes”.
Si bien la Contraloría General de la República también sostiene que los abogados del Estado que ya tuvieron remuneraciones no pueden después regular sus honorarios a las instituciones que representaron, varios magistrados ya dictaron sentencias con un criterio contrario.
De hecho en abril pasado el juez Hugo Becker incluso embargó el salario del gerente jurídico del BCP, Aldo Rodríguez, hasta cubrir G. 155.350.636, por un juicio por cobro de honorarios que lleva adelante Francisco González, ex representante legal del mismo banco.
