El Partido Movimiento al Socialismo (PMAS) y el Partido Comunista Paraguayo (PCP) piden la expulsión de Fidel Zavala, de Patria Querida.
Por su parte, los colorados Enrique Riera y Antonio Barrios solicitan que Sixto Pereira, del Frente Guasu, quede fuera de la Cámara Alta.
Hay otros dos procesos pendientes, que son el del cartista Javier Zacarías Irún, y del abdista Rodolfo Friedmann.
En principio, hay una convocatoria a sesión extraordinaria mañana, a las 14:00, para el tratamiento.
Tanto en el caso de Zavala como en el de Pereira, el principal argumento que se expone como causal es el uso indebido de influencias.
TIERRAS MALHABIDAS. El PMAS y el PCP carecen de representación parlamentaria en el Congreso, pero se hicieron eco de la denuncia sobre la ocupación ilegal de una porción del Parque Nacional Ybycuí por parte de Zavala. En el documento presentado ayer manifiestan la necesidad de investigar la usurpación de las tierras destinadas a la reforma agraria. Cuestionan la venta irregular de las mismas tierras al Estado, que a su vez sería la duplicación del atropello a legislaciones vigentes.
Agregan al reclamo la no publicación de la declaración jurada de bienes del senador de Patria Querida.
A esto suman las declaraciones del parlamentario en la sesión ordinaria pasada en la que puso en duda el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia.
Los del PMAS salieron en defensa del organismo creado por ley para investigar los crímenes de terrorismo de Estado cometidos durante la dictadura stronista. “Sus dichos (de Zavala) al respecto inéditos en el cuerpo legislativo confirman el espíritu antidemocrático del mencionado senador y constituyen una afrenta a las más de 20.000 personas afectadas de manera directa por los crímenes del periodo dictatorial”, se indica en el documento de los referentes de izquierda.
Alegan que Zavala “utiliza su rango de senador y su influencia para blindarse y escudarse tanto él como su familia defendiendo así sus privilegios económicos de dudosa legalidad, dificultando la transparencia de los entes públicos, que en sus discursos previos decía defender”.
La nota presentada ante el Senado lleva la firma de Griselda Yúdice, del PMAS, y Najeeb Amado, del PCP.
GUERRA IDEOLÓGICA. Los senadores Riera y Barrios decidieron acompañar el pedido de los industriales con relación al pedido de pérdida de investidura de Pereira.
El ex parlamentario Óscar Tuma hizo una presentación privada pidiendo la expulsión del senador luguista.
En su escrito, Riera pone como referencia un programa de televisión con relación a un conflicto de tierras en el 2017 con la Agroganadera Forestal Arroyo Pozuelo por unas 500 hectáreas en litigio en la zona de Salto del Guairá.
Se menciona que el accionante, Héctor Urbano Parodi Molina, habría presentado un título falso para despojar y expulsar a la empresa.
Se dio a conocer un audio en el que supuestamente Pereira propone un arreglo a la abogada de uno de los propietarios, Marilene Sguarizi.
Supuestamente tenía el aval de los ministros de la Corte Manuel Ramírez y Eugenio Jiménez. Tuma denunció que el senador intentó amedrentarlo.
Tierras malhabidas
Acusación de PMAS y PCP. La denuncia es por usurpación de tierras destinadas a la reforma agraria y la venta irregular de esa misma tierra al Estado, duplicando el atropello a las legislaciones vigentes.
Intento de soborno
Acusación de Enrique Riera y Antonio Barrios. Se denuncia que hizo valer su condición de legislador para interceder a favor de un particular en un conflicto de tierras, y solicitud de una propuesta económica.
Merienda escolar
Acusación de Enrique Riera y Zulma Gómez. La denuncia en su contra es que ostentando su cargo como senador, está al frente de una empresa que se benefició con millonarios contratos con el Estado.
Recursos públicos
Acusación de Patria Querida. La denuncia es por mandato a funcionario público a realizar actos de frustración de investigación judicial, y actuación como administrador en paralelo a su cargo de senador.
