El motivo señalado en el documento son las denuncias nacionales e internacionales por traición a la patria, lavado de dinero, tráfico de influencia, terrorismo, injerencia en otro poder del Estado y corrupción.
Entre los hechos citados para argumentar el pedido de juicio político se encuentra, primero, la firma en forma secreta del acta bilateral con Brasil sobre Itaipú, contrarios a los intereses nacionales. “Además de ser acusado de realizar tráfico de influencias a favor de una empresa privada (Leros comercializadora) para privatizar la valiosísima exportación de electricidad paraguaya de Itaipú”, apunta.
El segundo hecho es la designación por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAD), de Estados Unidos, junto a Horacio Cartes, como perpetradores de abusos graves contra los derechos humanos y corrupción.
El tercero, el soborno, denunciado por Estados Unidos, que sería de USD 1 millón, para evitar investigaciones en su contra.
Y el cuarto, la injerencia en el Poder Judicial y el Ministerio Público, según se revela en filtraciones de mensajes de texto del caso Mario Ferreiro.
RENUNCIA. El pedido de juicio político se suma al proyecto de declaración de un grupo de diputados opositores que exigen la renuncia de Velázquez.
Además, otro documento fue presentado ante la Cámara Baja y es el proyecto de declaración que remite al Ministerio Público el informe de la Embajada de los Estados Unidos para su investigación.
“Es así que la gestión del actual vicepresidente de la República, el Sr. Hugo Velázquez, es una de las expresiones más claras de la corrupción institucionalizada, actuando sin el menor de los escrúpulos para, entre otras maniobras del esquema de asociación ilícita propulsada por él, entregar nada más y nada menos que la soberanía de nuestro país en el acta entreguista del 2019. Esto terminaría siendo, para poca sorpresa de todos, solo un haber más en su prontuario corruptelar, siendo designado en julio del año 2022 como ‘significativamente corrupto’ por parte de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, la cual en la fecha del 26 de enero del corriente año confirma con mayor fuerza las vinculaciones con grupos terroristas por parte del segundo al mando de nuestro país, aliado con Hezbollah, conocida nucleación caracterizada por el tráfico de armas en la región”, expresa el proyecto. Las sanciones financieras impuestas a Cartes y a Velázquez implican que ninguno podrá hacer negocios con empresas estadounidenses ni tendrán acceso a bancos de ese país o sus ciudadanos de forma permanente.