El centro histórico de Asunción era un emporio. Recorrerlo entre inicios de 1970 y principios del 90 del siglo pasado era un deleite. Sus calles y plazas desde la Uruguaya y la estación del viejo ferrocarril hasta el puerto era un paseo agradable ante los ojos, toda una postal de limpieza, orden y buena jardinería, casi libre de polución visual. Nos transportaban al pasado los pocos solares coloniales que aún quedaban en pie. Las plazas del Congreso eran un espejo por donde se las mirara. Lejos de la imagen deplorable que hoy transmiten. En la actualidad debemos soportar el interminable desfile de intendentes municipales que nos endosan tolerar el dantesco escenario que ellas proyectan: Miseria, destrucción, suciedad, promiscuidad, mendicidad e inseguridad. Todo ello a escasos metros de dos de los más grandes centros del poder republicano: el Ejecutivo y el Legislativo. Siempre me pregunto si existe voluntad política para gestionar la necesidad de los compatriotas sumidos en la pobreza y recuperar estos espacios para el turismo y el disfrute de los contribuyentes asuncenos. Parece que no. Y ensayo la siguiente descripción analítica. Hay fuerzas políticas o corporaciones que le disputan casi a la par al propio Estado la administración de sus espacios geográficos. Y la administración de esos espacios hace renta, es negocio para algunos. Lucran agentes del sector público y del sector privado. Lo mismo ocurre en los departamentos de gran extensión. Es su réplica a mayor escala. Me decía un interlocutor que “no existe voluntad política para acabar con los grupos irregulares”. Ante su requerimiento atiné a explicar que las fuerzas emplazadas en el teatro de operaciones por todos conocidos carecían de Masa de Maniobra (Principio de Guerra) y que el Estado paraguayo perdió el control social en algunas regiones. Son dos factores estratégicos a tener en cuenta y que privan de eficacia la gestión de la seguridad interna. Hay varios aspectos que retardan el éxito total de dichas fuerzas acantonadas en el norte. El primero de ellos radica en el deliberado debilitamiento al cual fueron sometidas por décadas nuestras Fuerzas Armadas. Ningún Estado que se precie de ser democrático puede darse la oportunidad de prescindir de unas fuerzas de defensa bien pertrechadas y cuyos integrantes sean íntegros, educados con valores. Lo mismo ocurre con la Policía Nacional. ¿A quiénes no conviene contar con fuerzas operativas y eficaces? ¿A quiénes no conviene dotarlas de tecnología y radares primarios? ¿A quiénes conviene desguarecer el centro histórico y turístico de la ciudad de Asunción? Quizás la respuesta la encontremos en el cine. A finales del año 2000 fue estrenada una película protagonizada por los actores Russell Crowe y Meg Ryan. El film se titulaba Proof of life (Prueba de vida). En un momento estelar de la trama el agente especial Terry Thorne (Russell Crowe) llega a descubrir quién era a uno de los más grandes beneficiados financieros, asociado a los secuestradores. Era una autoridad política de mucho peso y a quien estos remesaban grandes cantidades de dinero por liberar espacios geográficos y otorgarles protección. Fiel a nuestra condición social de repisar fenómenos históricos tardíos, quizás esta hoy sea nuestra realidad. Y con ello también quizás nos expliquemos muchas cosas.
