El título es una frase que supuestamente utilizó Napoleón Bonaparte para hacerle entender a la persona que lo ayudaba a cambiarse de ropa que si lo vestía despacio, pero con seguridad, no cometería errores y él podría llegar a una importante reunión a tiempo.
Es una frase que se ajusta perfectamente a lo que pasa hoy con el proyecto de ley que crea la superintendencia de jubilaciones y pensiones, proyecto que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados en su sesión del pasado 16.
Tras ser aprobado, y como era de esperarse, inmediatamente alzaron su voz de protesta gremios sindicales y empresariales, quienes criticaron duramente la falta de diálogo del Gobierno. La preocupación por el manoseo de los fondos es genuina, sobre todo, teniendo en cuenta la decadencia moral que caracteriza a la clase política.
Pero también es cierto que los malos manejos de las previsionales no son noticia nueva. Hemos sido testigos a lo largo de los años de desvíos de fondos, inusitados déficits y hasta inversiones direccionadas hacia los sectores amigos.
Debe ser motivo de mucha preocupación, y con mucha lógica, que en un futuro cercano el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Caja Fiscal, las dos mayores previsionales, ya no puedan dar abasto a la cantidad de jubilados si no se cuidan los fondos y no se invierten de mejor manera.
Por lo tanto, no hay dudas de la necesidad de una mejor supervisión y regulación, y esto nos lo han dicho en numerosas ocasiones organismos nacionales e internaciones.
Pero, y siempre hay un pero, también es loable la crítica que hacen los gremios obreros y jubilados. Debe tenerse extremo cuidado con la creación de esta superintendencia, y especialmente, con los poderes que puedan otorgársele al superintendente.
De acuerdo con los artículos 32 y 35 del proyecto de ley, el superintendente tendrá la facultad de resolver la intervención de las entidades previsionales y hasta de suspender al órgano directivo de dichas entidades, en caso de eventos irregulares relevantes. La intervención podría durar un máximo de dos años, pero no se habla de la obligación de llevar adelante el sumario previo.
Esta es una de las materias donde se debe hilar fino, porque es aquí donde la delgada línea entre el cuidado de los recursos jubilatorios y el manoseo de los mismos pueden cruzarse y se puede volver una realidad del temor de muchos trabajadores y jubilados. La injerencia de cualquier índole del poder de turno y la subjetividad en la interpretación y determinación de supuestas irregularidades deben ser excluidas en cualquiera de sus formas de esta legislación, por el bien de todos.
Es prudente la convocatoria que realizaron los legisladores del Frente Guasu a una audiencia pública con todos los sectores para debatir el planteamiento. También lo es la decisión que tomó el equipo de Mario Abdo de llamar a una mesa de diálogo y escuchar opiniones de todos los sectores sobre el proyecto antes de su estudio en Senado.
Si bien necesitamos acabar con la discrecionalidad en el sistema previsional, el diálogo en democracia debe dejar de conceptualizarse como un escollo y debe empezar a verse como un instrumento saludable que permite un consenso sobre temas sensibles para el ciudadano.