De acuerdo con los resultados de la encuesta del INE, el 78,5% de mujeres de 18 años y más pasaron por algún tipo de violencia, al menos una vez a lo largo de su vida. Según estos datos, el 57,8% sufrieron violencia sicológica, el 25,7% violencia física, el 60,9% violencia sexual y el 25% violencia económica.
Estas cifras no solamente resultan inquietantes y deberían llamarnos a la reflexión como sociedad, particularmente si confrontamos estos datos con la cantidad de feminicidios ocurridos en el 2022, periodo que se cerró con 36 mujeres muertas.
Según los resultados, la violencia es mayor en el grupo de jóvenes de 18 a 29 años (86,5%), y disminuye paulatina con el aumento de la edad. En el ámbito de lo público, tanto educativo, laboral como comunitario, se registran hechos de violencia sexual, desde piropos hasta las más graves formas como el asalto sexual. Y es alarmante el dato de que alrededor del 63,1% sufrió algún tipo de violencia en el ámbito público, a lo largo de toda su vida.
Debería causar gran preocupación de parte de las autoridades que tienen como responsabilidad trabajar por los derechos y el bienestar de la población femenina, el hecho de que un porcentaje tan elevado de situaciones de violencia no sean denunciados. Esto significa, en primer lugar, que no se ha logrado construir la confianza de parte de la ciudadanía para realizar las denuncias y reportar los hechos de violencia. De hecho que en el informe de Derechos Humanos Paraguay 2022 de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay sobresale el aumento de las denuncias penales de casos de violencia familiar y se resalta la mayor visualización del acoso sexual y laboral a partir de casos denunciados. Sin embargo, se pone también de relieve que muchos casos de feminicidios son el triste e indignante resultado de fallos en el mismo sistema de protección a las mujeres que han tenido el coraje de hacer la denuncia.
Otro dato fundamental, y que sin dudas debe sumarse a este análisis, es la escandalosa reducción del presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer, desde el 2018 hasta el 2022. De hecho que para este año una vez más, los recursos que han sido asignados a esta oficina presentan un recorte del 3,4%. Es evidente pues que la escasa importancia que se le otorga no solo al Ministerio de la Mujer, sino al drama de la violencia contra las mujeres, que aunque no sea reconocida por quienes asignan los recursos públicos, es una verdadera epidemia que requiere no solo de más presupuesto, sino de una mayor voluntad y compromiso de parte de las autoridades de todas las instituciones que se encuentran involucradas.
Debemos poner un punto final a la violencia contra las mujeres, la que en su peor expresión lleva a la muerte a las mismas, pero esto solamente será posible si iniciamos un cambio que además debe ser urgente. La punta de lanza de este cambio será sin dudas la educación, pues será el elemento clave para evitar que la violencia siga creciendo en las estadísticas y que sigan aumentando los feminicidios.
Es importante que como sociedad se entienda y se logre un alto nivel de compromiso para iniciar un cambio que se refleje en los datos preocupantes que se actualizan. Para esto, se debe trabajar en un cambio de visión, que reconozca a todas las personas como iguales, en derechos y dignidad; dejar de lado los resabios del machismo que condenan a las mujeres a vivir en ámbitos violentos. Urge un compromiso para construir una sociedad sin violencia hacia ninguna persona, pero sobre todo, sin violencia a quienes se ve como débiles como las mujeres y los niños.
Esa sociedad respetuosa de la dignidad de todo ser humano es el gran desafío que enfrentamos.
