Opinión

Violación de la cuarentena

 

Raúl Ramírez Bogado Por Raúl Ramírez Bogado

De más está decir que el fallo dictado en el caso de María Esther Roa, absuelta por violación de la cuarentena sanitaria, es relevante, al punto que hace que se piense en revisar los más de tres mil casos similares imputados.

Lo relevante del fallo es que analiza la ley penal sobre la cuarentena, y dice que no describe la conducta para que el hecho sea delito, por lo que el argumento se aplica a cualquier caso similar, independientemente de los hechos.

Pero comentemos el veredicto. El tribunal –integrado por los jueces Carlos Hermosilla, Sandra Farías y Héctor Escobar– dictó su conclusión en forma unánime.

Lo explicó el magistrado Hermosilla. Primero habló de su competencia para juzgar el caso. También sobre la vigencia del hecho, que no estaba extinta ni prescripta.

Después apuntó que el hecho ocurrió el 3 de junio de 2020, frente al Panteón de los Héroes, en la caravana realizada en repudio a la corrupción, donde estuvo la acusada María Esther Roa.

Dijo que la protesta se inició a las 17:00, y que vinieron en vehículos por la Costanera hasta que, cerca de las 18:00, desviaron hasta el centro de Asunción.

Citó a los testigos Francisco Cabaña, Susana Acuña y al policía Víctor Frutos. Indicó que todos señalaron que durante la manifestación hubo gente que no usó tapabocas, no se respetó el distanciamiento, a más de aglomerarse entre 100 y 150 personas.

Alegó que la propia Roa confesó que estuvo ahí. De esta manera, afirmó que se probaron los hechos mencionados por la Fiscalía.

Hermosilla afirmó que el tema era determinar si estos hechos eran o no penalmente relevantes; es decir, si constituían o no delitos.

Comenzó su argumentación con el principio de legalidad. O sea, que ninguna persona podía ser condenada sin una ley previa.

Habló de los derechos procesales, y de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena, ni privado de lo que ella no prohíbe, puntos señalados en la Constitución.

El juez argumentó que desde el 9 de marzo de 2020, nuestro país entró en la pandemia por el coronavirus, y que hasta la fecha del hecho, hubo 7 decretos del Ejecutivo, con relación a la situación.

Los mencionó uno por uno, hasta el Decreto 3619/20, del 24 de mayo, en la denominada “cuarentena inteligente”, que regía durante la manifestación del 3 de junio de 2020.

CUARENTENA. Definió lo que es una cuarentena. Luego habló de la Ley 716, que cuidaba la calidad de vida humana, por lo que también regía para los seres humanos.

Sostuvo luego que el artículo 10, inciso b, citado por la Fiscalía en su acusación de violar la cuarentena no describía la conducta para que existiera un delito, como debe hacerlo una norma penal.

Tampoco hacía una remisión, al no indicar si alguna institución debía aplicar la norma específica.

Remarcó que la ley penal debe decir exactamente qué debe hacer la persona para que sea delito. Que, al no describir la conducta, los hechos probados, la manifestación, no constituían un hecho punible, por lo que no pudieron pasar la tipicidad.

Se refirió a la Ley 6699, de diciembre del 2020, donde se señalaban específicamente sobre el uso de tapabocas, la conducta al respecto, pero que daba sanciones administrativas y no penales.

Con ello, los jueces absolvieron de culpa y pena a la acusada María Esther Roa, porque los hechos investigados no constituían hechos punibles.

La Fiscalía ya anunció que apelará el fallo de los jueces, lo que sería bueno para que también se pronuncien los camaristas al respecto.

El fallo en sí –si lo analizamos– no es contrario a lo que dijo la Corte al rechazar la excepción de inconstitucionalidad de Roa. En realidad, los ministros dijeron que los decretos y las leyes no eran inconstitucionales y que los decretos no crearon figuras penales, sino que se remitieron a leyes vigentes.

Lo que analizó el tribunal fue si la conducta acusada era o no hecho punible, según las citadas leyes.

Ahora bien, el tema está en que la Corte incluso nombró jueces especiales para los casos de violación de cuarentena y hasta firmó un convenio con la Fiscalía para darle una salida procesal para los casos.

Pero este fallo –que analizó las normas citadas por la Fiscalía–, en realidad, lo harían aplicable a todas las causas. Así, la pregunta es: ¿Qué pasa con todos los procesados que abonaron sumas de dinero con salidas alternativas?

¿Y las personas que fueron presas o que tuvieron arresto domiciliario? Acaso no podrían decir que hubo privación ilegítima de libertad, persecución de inocentes, enriquecimiento sin causa o pedir una indemnización al Estado. De ahí también la relevancia de la sentencia.


Para entender
POLICÍA JUDICIAL. La ley prevé la creación de una Policía Judicial como auxiliar directo del fiscal en la investigación. Se conformará como un cuerpo técnico, no militarizado, integrado por investigadores civiles. Hasta ahora, no existe.
FACULTADES. Además de lo que dice su ley orgánica, tendrá facultades de la Policía Nacional, salvo aprehender y detener. Además, organizará un centro de investigaciones criminalísticas, con científicos para inspeccionar la escena del crimen y realizar pericias.
COORDINACIÓN. El fiscal general dictará las instrucciones necesarias para coordinar la labor de la Policía Nacional y de la Policía Judicial, para mejor eficacia en la investigación de los delitos. Podrá organizar equipos conjuntos de investigación o asignarle una investigación exclusivamente a la Policía Judicial. Debe cumplir las órdenes de jueces y realizar las pericias que ellos ordenen en los casos de anticipo de prueba. (Fuente CPP).

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