Ho Chi Minh (Vietnam), 3 dic (EFE).- El régimen comunista de Vietnam ha respondido al aumento de la contestación social de los últimos meses con arrestos y vigilancia continua a los disidentes, según organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Un informe de “Human Rights Watch” (HRW) revela que en los nueve primeros meses de 2016 han sido condenados a penas de prisión al menos 18 activistas, entre ellos Nguyen Huu Vinh, que deberá cumplir cinco años de cárcel por criticar al Gobierno en su blog.
La estadística de HRW no tiene en cuenta la oleada de detenciones de las últimas semanas, con una decena de activistas arrestados por la Policía desde el mes de octubre.
La más prominente es Nguyen Ngoc Nhu Quynh, apodada “madre seta” (Me Nam, en vietnamita), una mujer de 37 años detenida en su domicilio el pasado 3 de octubre delante de su hija de 8 años.
Según la prensa gubernamental, Quynh está acusada de hacer propaganda contra el Estado por sus críticas al Gobierno en las redes sociales, un delito penado en el Código Penal vietnamita.
En noviembre se han producido al menos otros cinco arrestos, entre ellos el del popular Ho Van Hai, mientras que otros disidentes que siguen en libertad se lamentan de la fuerte vigilancia a la que son sometidos.
“No puedo dar un paso sin que me siga la Policía”, comenta a Efe por Skype Pham Chi Dung, director del periódico online crítico con el régimen Vietnam Thoi Bao y presidente de la Asociación de Periodistas Independientes.
Para Dung y otros analistas el incremento de la presión es un signo de nerviosismo del régimen comunista ante el clima de contestación social que el país ha vivido en los últimos meses.
El detonante fue el vertido contaminante que el pasado abril mató a unas 115 toneladas de peces frente a las costas del centro del país y ha dejado sin sustento económico a 200.000 personas, entre ellos 40.000 pescadores.
Después de casi tres meses de silencio, el Gobierno reconoció el 30 de junio que el responsable de la letal fuga de fenol, cianuro e hidróxido de hierro era Formosa, un conglomerado siderúrgico de capital taiwanés que cuenta en la zona con una fábrica de acero, una central energética y un puerto exclusivo para sus operaciones.
El desastre provocó decenas de manifestaciones en todo el país sin que la compensación de 500 millones de dólares acordada entre la empresa y el régimen de Hanoi calmara los ánimos.
Durante la última gran protesta, en octubre, miles de personas se congregaron frente a la sede de Formosa para exigir su cierre ante la impotencia de las autoridades.
Durante las semanas siguientes, la Policía ha arrestado a Nhu Quynh, Ho Van Hai y otros disidentes que habían difundido en las redes sociales duras críticas contra Formosa y contra la gestión de la crisis medioambiental por parte del Gobierno.
Amnistía Internacional (AI) también denunció el “acoso” sufrido por el sacerdote Dang Huu Nam y otros dos activistas involucrados en la organización de las marchas.
Según AI, el clérigo, que ha asesorado a 506 personas para presentar sendas denuncias judiciales contra Formosa por los daños causados a la población, recibe amenazas y está bajo vigilancia constante.
“Los tres hombres sufren un riesgo inminente de ser arrestados por propaganda contra el Estado”, indica la organización en un comunicado.
AI estima que Vietnam mantiene a al menos 82 prisioneros de conciencia, encarcelados tras juicios injustos.
