Ellos son los padres de Lucas, el niño de seis años que fue herido por agentes de la Comisaría 1a de San Lorenzo, el pasado 31 de mayo.
Luego de ver el caso de un uniformado que aniquiló a toda una familia, los momentos de horror que les tocó vivir volvieron como una pesadilla en la mente de los padres y por esto tomaron la decisión de recurrir a las instituciones a pedir justicia.
“Con lo que pasó en Capiatá se demuestra que no es cierto lo que dijo el ministro Euclides Acevedo, que había dicho que nuestro caso fue un accidente”, explicó Ricardo, en medio de los trabajos que realizaba, vendiendo pollos en la vereda de su casa para solventar los gastos médicos de su hijo.
Riquelme expresó que ya están en contacto con otras personas que sufrieron situaciones parecidas a la suya, como los familiares de Richart Pereira, Anderson Medina y otros, para ser parte de una asociación de víctimas de policías gatillo fácil.
Ricardo y su esposa, luego del drama que les tocó vivir también enfrentan el problema de la precariedad económica y por eso tuvieron que recurrir a la ayuda de la ciudadanía, porque afirman que se ven imposibilitados de pagar los gastos que conlleva el tratamiento de Lucas.
“Recurrí a muchas autoridades. Escribí al ministro del Interior y me dejó en visto; luego, como la actividad que estoy organizando salió en la prensa, me llama el presidente (Mario Abdo) a decir que vaya a su oficina. Ahí, su secretario me da un sobre de G. 500.000, que mi abogado me aconsejó que no acepte”, relató. El padre de familia menciona que al no aceptar el dinero el funcionario le manifestó que le realizaría una donación de su bolsillo y así fue que le dieron 2 millones de guaraníes.
PRUEBAS. El comisario Jorge Coronel, del Departamento de Talento Humano de la Policía, confirmó que este año no se practicaron aún test sicológicos a los uniformados, a razón del brote de la pandemia del coronavirus. Mencionó que estas pruebas se hacen por grupos y que necesariamente supondría una aglomeración de personas.
Tragedia de Capiatá pudo evitarse
Poco antes de cometer el crimen, el suboficial Isidro Casco se habría contactado con la Subcomisaría 13ª alertando sobre la presencia de una persona que, supuestamente, quería ingresar a robar en su casa, según manejan los investigadores.
Se tiene la información de que una patrullera acudió hasta su domicilio, ubicado en el kilómetro 18 de Capiatá, donde lo encontraron al uniformado bajo aparente efecto de estupefacientes y con dos armas en las manos.
Casco se comportó visiblemente alterado y sus camaradas habrían tratado de tranquilizarlo y cuando constataron que en los alrededores no había nadie, la patrullera se retiró del lugar, pero sin tomar la precaución de desarmar a su camarada.
Familiares de los fallecidos piden al Ministerio del Interior que accione, en vista de que el desenlace fatal se hubiera podido evitar.