El ideal de una justicia independiente debe ser el faro que ilumine a los magistrados y fiscales a la hora de aplicar correctamente la ley. El Poder Judicial debe ser el estrado donde tanto débiles y poderosos obtengan fallos transparentes y acordes a lo que dictan tanto la Constitución Nacional y las normativas del ordenamiento jurídico. Sin embargo, en la realidad estos principios en la mayoría de los casos están lejos de ser una práctica común. Además del problema de la lentitud de los procesos, se suma el alto costo para el promotor de los juicios y encausados. El Ministerio Público también tiene una gran responsabilidad en desarrollar una investigación objetiva, certera y ecuánime y cambiar su mala imagen.
En este contexto, un informe brindado por la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) y el grupo de la sociedad civil nucleado en Somos Anticorrupción Py (SAPy) muestra que de los casi 80 expedientes por corrupción pública monitoreados, entre ellos varios casos sonados, y que causaron un enorme perjuicio a las arcas del Estado, solo un pequeño porcentaje pasó el enorme filtro de la burocracia judicial y se logró una condena ejemplar. De la cantidad citada solo en 16 casos se emitieron condena.
De acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio Público a las organizaciones civiles y publicados en el portal de monitoreo ciudadano anticorrupción de la Coapy, los casos más sonados de corrupción pública entre los que figuran ex ministros, ex titulares de entes, ex magistrados, ex intendentes y hasta parlamentarios han dejado un desfalco de más de USD 1.200 millones.
Muchos de los casos monitoreados constantemente por estos grupos aún no cuentan con una sentencia definitiva, y algunos hasta podrían prescribir por la lentitud de las causas y las innumerables chicanas impuestas por los acusados.
Los vicios que afectan al Poder Judicial y al Ministerio Público permiten que este tipo de expedientes en la mayoría no lleguen a sentencia. El sometimiento a los políticos, quienes tienen injerencias para los nombramientos de fiscales y jueces; la falta de integridad en las resoluciones y que muchas veces estos actúan por apetencias sectoriales y no por ideales de justicia representan los déficits y obstáculos principales para que el sistema pueda emitir fallos de calidad y diáfanos.
También hay que señalar la precariedad en infraestructura ya que se necesitan de más salas para la sustanciación de las audiencias preliminares y de los juicios orales. Igualmente, se requieren de más fiscales especializados y bien seleccionados para investigar actos de corrupción. Además, se tiene que promover la capacitación de los mismos para el uso de técnicas y conocimientos para desentrañar los hechos de corrupción. La presentación de pruebas contundentes en los juicios por parte de los fiscales es clave también para la sentencia, aparte de otros factores.
Las chicanas planteadas por los encausados y sus abogados generan la demora de los trámites y el freno de los procesos. Estas dilaciones planteadas para que no avancen los procesos, cuando se denota un uso abusivo del derecho, deben ser sancionadas. Es un viejo vicio que la Corte Suprema debe analizar en profundidad y adoptar de una vez por todas, las medidas para evitar que sea algo normal en el sistema.
El aplicar la ley a los que roban del erario debe ser con rigurosa igualdad, sin importar quién sea el investigado. Al fiscal o juez no le debe temblar la mano cuando tiene que impulsar diligencias o emitir resoluciones, pese a que el indagado sea un jerarca o protegido del poder. Se debe llegar a un fallo sin doble rasero, sin sospechas de injerencias políticas o de otro tipo. Ese es el anhelo.
