El veto total del Poder Ejecutivo a la denominada ley de autoblindaje, sancionada por el Congreso, vuelve a poner en la mira a los 14 legisladores que cuentan con procesos judiciales por supuestos hechos de corrupción o tráfico de influencia.
Dicha ley, que pretendía aumentar el número de votos, en ambas cámaras para aplicar la pérdida de investidura (23 y 41 votos), aún debe ser estudiada por el Poder Legislativo, para aceptar o rechazar la objeción del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien tildó de inconstitucional el proyecto.
TRATAMIENTO. Diputados, como Cámara de origen, deberá ser la primera en tratar el veto presidencial, y para rechazar, necesita de una mayoría absoluta, es decir, 41 votos. De alcanzar dichos votos pasa al Senado, que requerirá de 23 votos para rechazar el veto y así obligar al Ejecutivo a promulgar la ley.
Si en Diputados no alcanzan los 41 votos, automáticamente la ley ya queda vetada y no podrá presentarse un proyecto similar en este año. Lo mismo pasa en Diputados, si alcanzan los votos pero en el Senado no.
De esta manera, si la ley queda vetada, nuevamente los legisladores solamente requerirán de una mayoría simple de los presentes, para poder aplicar la pérdida de investidura contra cualquiera de sus miembros, lo cual es lo que establece la Constitución Nacional.
Esto significa que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, para aplicar la pérdida de investidura a uno de sus miembros, con un cuórum mínimo de 41 miembros y 22 votos a favor, ya puede un diputado perder su investidura, o sea, perder el cargo.
Lo mismo para la Cámara de Senadores, que con un mínimo de 23 senadores presentes, que den cuórum y un mínimo de 13 votos a favor de la pérdida de investidura de uno de sus miembros, ya pierde este su calidad de senador de la República.
EN LA MIRA. Actualmente existen un total de 14 legisladores en la mira, de los cuales varios tienen pedidos de pérdida de investidura por tráfico de influencia.
El diputado colorado Ulises Quintana es uno que cayó en supuesto caso de tráfico de influencia, se encuentra actualmente con permiso y prisión preventiva, sospechado de lazos con el narcotráfico.
Otro diputado colorado imputado es Tomás Rivas, con un caso similar al del ex diputado Ibáñez con caseros que cobraban sueldo en Diputados.
La lista sigue con los diputados liberales Carlos Portillo, involucrado en el escándalo de los audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y Teófilo Espínola, por irregularidades en el Ministerio de la Defensa Pública.
El senador colorado Javier Zacarías Irún es otro imputado por la Fiscalía, así como los parlasurianos liberales Milciades Duré y Enzo Cardozo.
En la lista de los investigados están los diputados colorados Miguel Cuevas, Justo Zacarías, Rocío Abed, Esteban Samaniego, Avelino Dávalos, Marlene Ocampos, y en el Senado, el colorado Rodolfo Friedmann.
El actual periodo parlamentario se caracteriza hasta el momento por el gran número de parlamentarios que se vieron forzados a salir, como José María Ibáñez, Óscar González Daher, Víctor Bogado, Jorge Oviedo Matto y Dionisio Amarilla.
Las cifras
13 votos se necesitan para tener mayoría simple en el Senado, con un cuórum de 23 senadores.
22 votos es el mínimo necesario para tener mayoría simple en la Cámara de Diputados, con un cuórum de 41 diputados.
