Abdo Benítez se tomó el tiempo hasta el día límite para firmar el decreto por el cual promulga o veta la ley que reglamenta el artículo 201 de la Constitución sobre la pérdida de la investidura de los representantes del Congreso.
Actualmente, en la Carta Magna se establece que para la expulsión de un senador o diputado, por hechos fehacientemente comprobados de uso indebido de influencias, se requiere de la aprobación de una mayoría simple del pleno.
La mayoría simple en la Cámara de Senadores es de 23, teniendo en cuenta sus 45 representantes, y en Diputados es de 41, ya que cuenta con 80 miembros. Esos números de votos se necesitan paran la remoción de un parlamentario.
Sin embargo, con la normativa sancionada por el Congreso, ahora se requiere de una mayoría de dos tercios para aprobar la pérdida de investidura, es decir, de 30 votos en el Senado y 53 en Diputados.
Varios sectores políticos sostienen que este documento viola la Constitución Nacional. El mismo presidente Mario Abdo Benítez ya lo calificó de inconstitucional tras vetar un texto similar en el año 2019.
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La semana pasada, el jefe de Estado se refirió al tema dejando entrever que su postura es similar al de hace dos años atrás. No obstante, pidió reflexionar sobre la normativa y sobre algunas injusticias.
En ese sentido, señaló que para establecer una sanción a un parlamentario por inconducta se necesitan de dos tercios de los votos y para la pérdida de investidura una mayoría simple. El mandatario alega que para una decisión más simple se necesita de más votos.
El ex senador colorado, ex constituyente y analista político Hugo Estigarribia exhortó al jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, a vetar la ley de autoblindaje parlamentario.
“El proyecto de ley de autoblindaje inconstitucional fue sancionado por Senadores, reglamentando la pérdida de investidura, y contradiciendo groseramente la Ley Suprema, la cual, aplicada adecuadamente, dejaría sin bancas a legisladores que la violen. Debe vetar el Poder Ejecutivo”, expresó Estigarribia.
Si el presidente de la República no define su postura este lunes, la normativa queda automáticamente promulgada y entra en vigencia.
