Los puestos y comedores precarios aumentaron notablemente en los últimos meses en el predio de la entrada del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), luego del desalojo, por vía judicial, de la cantina del subsuelo, el pasado 7 de junio.
Debido a esta situación, los comerciantes se las ingeniaron, y ante el aumento de los clientes instalaron precarios comedores con techos de zinc, carpas para tapar el lugar y ubicaron mesas y sillas para ofrecer a las personas un espacio donde almorzar.
La comercialización de alimentos sin ningún tipo de control de calidad representa un riesgo para la salud de los pacientes y familiares, aunque para los mismos cubre una necesidad y para los vendedores representa el sustento diario. Los productos ofrecidos en las veredas están expuestos a la contaminación, debido a las temperaturas extremas de estos días, la mala conservación y la falta de prácticas higiénicas, que pueden producir intoxicaciones.
En el lugar no solo se venden alimentos, sino que las ofertas van desde zapatos, ropas, artículos de limpieza, remedios refrescantes, agua embotellada, jugos y hasta sillas.
Además, la masiva instalación de los puestos en las veredas impide el libre tránsito de las personas, quienes, en muchos casos, deben caminar por la calzada y exponerse a los peligros por donde circulan los vehículos que entran o salen del ente.
La aglomeración y el desorden a la entrada del IPS muestran un panorama inadecuado de la fachada de uno de los principales centros asistenciales de los asegurados.
REUBICACIÓN. El conflicto de reubicación lleva años sin resolverse entre los comerciantes y la administración del IPS.
Luego del cambio de autoridades de la previsional, las negociaciones y los proyectos de reubicación quedaron truncos.
El titular del IPS, Fernando Silva Facetti, anunció recientemente que siguen en pie los planes de la previsional de desalojar a los vendedores informales que bordean la entrada del Hospital Central.
Por su parte, la administración de la previsional, por el momento, dio a conocer un proyecto de reubicación de los comerciantes.
SUSTENTO. Carmen Ruiz Díaz, integrante de la Asociación de Vendedores del Predio del IPS, mencionó que están dispuestos a negociar y que no se resisten a salir del inmueble. “Nosotros no estamos ajenos a la reubicación, siempre y cuando sea un lugar que nos deje entre la parada y el hospital”, enfatizó. Añadió que están dispuestos a trabajar de manera conjunta en proyectos de reubicación.
Carmen cuenta con un puesto de venta de comidas y la recaudación ayuda para mantener a la familia y costear los estudios de sus hijos.
El comerciante Enrique Torres no tiene un comedor, pero posee una mesita y un mostrador donde expone las minutas para vender y ocupa un espacio ínfimo al lado de otro local comercial de ropas. Torres dijo que luego del cierre de la cantina mejoró bastante la venta, en un 40% más o menos.
“Ojalá no se abra más la cantina”, comentó entre risas. Añadió que con la venta de minutas gana G. 100.000 por día y ayuda al mantenimiento de la familia. El vendedor está en el lugar desde hace 6 meses.
Con relación a un eventual desalojo, dijo que mucha gente será afectada y quedarán sin trabajo. Los vendedores informales se muestran renuentes a la hora de hablar con la prensa o cuando se captan imágenes de sus locales de venta.
OCUPAN EL TERRENO SIN PAGAR CANON DESDE HACE 25 AÑOS
Los vendedores informales ocupan el predio de manera irregular en el Instituto de Previsión Social desde hace más de 25 años y no pagan ningún canon a la administración.
Intentos de Desalojo. Desde los años 90 se intentó desalojar de los comerciantes. Según registros de la institución, en el 2002 se emitió una orden de desalojo, que no pudo efectuarse. Además, en el 2003 hubo un intento fallido de reubicar a los vendedores, quienes se negaron a salir del lugar, a pesar de que el procedimiento contó con acompañamiento policial.
Así sucesivamente, distintas gestiones intentaron negociar con los vendedores, quienes hasta la fecha siguen en el lugar. Este año, los informales rechazaron un proyecto de reubicación, que proponía la construcción de casillas, por la cual tendrían que pagar un canon, ya que la previsional pretendía invertir G. 2.000 millones. El consejo desistió seguir con el proyecto.