Cuando se pretendió instalar una fundidora de aluminio sobre el Paraná comenzaron los cuestionamientos en ambas márgenes del río, en Itapúa y Posadas. La inquietud se debía a la falta de un estudio del impacto ambiental de la fundidora proyectada por la empresa Río Tinto. Era lo que correspondía hacer, porque la contaminación no se detendría en la frontera entre el Paraguay y la Argentina, cuyos residentes no estaban informados.
Ahora la preocupación binacional se centra en Ñeembucú y Formosa, por la intentada instalación de una planta nuclear en la provincia argentina. En rigor, va más allá de las dos localidades fronterizas, porque un accidente nuclear puede afectar un área mucho mayor. No existe planta nuclear sin riesgo, ha dicho un estudio científico realizado en Alemania, país que ha decidido cerrar todas sus plantas nucleares para 2022. Y conste que las plantas alemanas figuran entre las más seguras del mundo; no por improvisación sino por el dominio de la materia se ha decidido prescindir de la energía nuclear.
El Gobierno paraguayo, por su parte, ha demostrado una alarmante indiferencia. En julio del año pasado, el presidente Cartes dijo que no había que apresurarse para opinar sobre el asunto. Para entonces, el científico argentino Raúl Montenegro había publicado alarmantes informaciones sobre la decisión de CAREN y sus consecuencias. Cartes no se mostró alarmado: en declaraciones recientes, recalcó las excelentes relaciones entre el Paraguay y la Argentina. Altos funcionarios de su equipo dijeron que, si se instala el reactor, el Paraguay podría venderle uranio y, de paso, familiarizarse con una forma alternativa de energía, porque la hidroeléctrica ya no nos bastará.
Aparentemente, el Gobierno paraguayo acepta como un hecho la construcción de la planta, o por desinformación o por el deseo de mantener buenas relaciones con el vecino. Yo concuerdo con que debemos mantener buenas relaciones con los vecinos, pero estas no deben conducir a la aceptación de lo rechazado por ellos mismos. Debe recordarse que la empresa Dioxitek, la encargada de la construcción, tiene plazo hasta octubre de este año para retirarse de la ciudad de Córdoba; se le ha prohibido mudarse a otras localidades de la provincia de Córdoba (Despeñadero, Río Tercero y Embalse), y no se la acepta en La Rioja ni en Mendoza.
Las buenas relaciones no pueden basarse en una aceptación pasiva de las imposiciones, sino que exigen un disenso racional. Existen instancias internacionales donde el Gobierno paraguayo puede y debe hacer valer su oposición sobre un emprendimiento peligroso para los paraguayos y los argentinos, dando un gran paso hacia la consolidación de las buenas relaciones regionales. Por desgracia, no se le nota mucha voluntad de hacerlo.
