“Es falso que se haya consumado un golpe de Estado en Venezuela, por el contrario, sus instituciones han adoptado correctivos legales para detener la desviada y golpista actuación de los parlamentarios opositores declarados abiertamente en desacato a las decisiones emanadas del máximo Tribunal de la República”, dijo la Cancillería en un comunicado.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió el miércoles que asumirá las competencias de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, debido a la persistencia del “desacato”, un estatus que el Poder Judicial impuso a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias.
El escrito oficial surge como respuesta a la reacción de un grupo de países de la región que han manifestado su preocupación por la decisión del TSJ de asumir las competencias del Parlamento.
“Venezuela repudia la arremetida de los Gobiernos de la derecha intolerante y pro-imperialista de la región, dirigida por el Departamento de Estado y los centros de poder estadounidenses, que mediante falsedades e ignominias pretenden atentar contra el Estado de Derecho en Venezuela y su orden constitucional”, se indica en el escrito.
También se anuncia que Venezuela “ejercerá las acciones políticas y diplomáticas” para “detener y evitar la materialización de planes contra la estabilidad y la paz” del país.
Según el Ministerio de Exteriores, “estos Gobiernos” han conformado una “coalición intervencionista” pues, asegura, “no han procesado aún la derrota recibida hace apenas unas horas en la Organización de Estados Americanos (OEA) frente al plan injerencista contra Venezuela” y ahora han desatado una “histérica campaña”.
La Cancillería venezolana señala que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, estaría intentando imponer ese supuesto plan de injerencia “en franca violación a la legalidad internacional y nacional”.
A estos Gobiernos, se indica en el comunicado, “los motiva la venganza y la intolerancia político-ideológica contra la sólida y vigorosa democracia venezolana y su modelo inclusivo de derechos humanos” mientras ellos “practican la violación sistemática de derechos humanos que reprimen violentamente a la disidencia política”.
Asimismo, se critica que “estos gobiernos” que supuestamente “ejecutan golpes de Estado contra las mayorías electoras”, “torturan y asesinan dirigentes populares y periodistas” y “promueven el modelo neoliberal causante de miseria y pobreza” aspiran “condenar” al país caribeño.
“Venezuela rechaza categóricamente esta arremetida internacional protagonizada por una coalición de gobiernos de derecha y de oligarquías para dar soporte y respaldo a la oposición venezolana intervencionista y apátrida”, indica la Cancillería.
Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Canadá y Estados Unidos figuran entre los países del continente que han manifestado su preocupación por la decisión del Supremo venezolano.
Bolivia, por el contrario, ha anunciado su “apoyo incondicional” al Gobierno de Nicolás Maduro.
