Se trata de la señora Brígida Sosa, de 83 años, quien fue sacada de su terreno donde vivió por 34 años, ubicado en el barrio Caacupé, Natalio 59, Distrito de Tomás Romero Pereira.
Ante esta grave y lamentable situación, los vecinos se autoconvocaron frente a la sede fiscal, donde repudiaron la actuación e incluso exigieron la renuncia del fiscal Luis Albertini por el procedimiento realizado, quien con una comitiva policial compuesta de unos 100 efectivos y 25 patrulleras, ejecutaron el desalojo de la humilde y octogenaria mujer por segunda vez en menos de seis meses.
Los manifestantes se solidarizaron con doña Brígida por el desalojo violento, atendiendo que la misma ya se encontraba sola en la propiedad, ya que sus hijos fueron sacados del lugar tiempo atrás con prohibición de acercarse.
La misma fue desalojada por segunda vez de su terreno de 18 hectáreas donde vivió por años. Tras el primer desalojo, con ayuda de vecinos improvisó una precaria casa al costado de lo que era su vivienda, pero el martes la comitiva nuevamente se constituyó en el terreno identificado como finca N° 1210, padrón 1229 del distrito de Tomás Romero Pereira, y desalojó a la mujer.
La afectada aseguró que junto a su finado esposo adquirieron dicho terreno, llegando a pagar la totalidad y por lo cual posee un contrato de compraventa, pero lastimosamente no se llegó a hacer la transferencia. Sin embargo, desde hace unos meses se encuentra viviendo un verdadero calvario por el litigio judicial iniciado por un supuesto dueño, que utilizando mecanismos legales la está despojando de su propiedad y por falta de recursos económicos no puede tener el asesoramiento de un profesional abogado.
El procedimiento fiscal fue muy cuestionado ya que incluso se denunció que la anciana fue detenida y esposada, situación desmentida por el fiscal Albertini, quien aseguró que la abuela fue trasladada en patrullera hasta el Hospital Distrital de María Auxiliadora para su atención medica debido a una descompensación.
“Es totalmente injustificable que supuestamente para llevarle a una revisión médica a una abuela de 83 años hayan necesitado dos patrulleras con casi 15 policías como si fuera una delincuente peligrosa”, cuestionó Concepción Martínez, concejal municipal de Tomás Romero Pereira.
Agregó que, independiente de si corresponde o no en derecho el mandamiento judicial que estaba cumpliendo la Fiscalía, que es el desalojo de la abuela de una propiedad que según ella es suya y donde ha vivido durante 34 años. “Es una situación aberrante y más vergonzoso es la aparatosidad con la que han actuado las fuerzas públicas contra una abuela indefensa, que hasta ahora no entiende cómo es posible que le hayan dejado en la calle”, dijo el edil.
Todo esto motivó la movilización de pobladores de Tomás Romero Pereira quienes, a más de aglutinarse frente al Ministerio Público, marcharon por la ruta PY06 en María Auxiliadora a fin de repudiar la actuación fiscal y exigir justicia para la anciana.
Por su parte, el fiscal Albertini manifestó a una radio de María Auxiliadora que el mandamiento judicial lo ejecutan la Policía Nacional y los agentes del Ministerio Público, acompañaron a la comitiva y que no fueron 25 las patrulleras utilizadas, sino fueron 11, explicó. El representante del Ministerio Público señaló además que la abuela perdió en las tres instancias y la sentencia quedó firme y ejecutoriada, y que por ello fueron al lugar para devolverle la propiedad al dueño.
