Paraguay tienen múltiples opciones en tal sentido; sin embargo el gobierno no está dando ninguna solución dejando a la población totalmente vulnerable. La primera medida debe ser mejorar el transporte público de manera que la gente gaste menos en otros medios más caros como taxis o auto propio. O lo que es peor, deje de ir al trabajo o al centro educativo por no tener suficientes recursos.
No es novedad que tal como está el sistema de transporte, el problema, además del precio del pasaje, es la organización del sistema que exige caminar largos trechos y tomar más de una línea, con lo que se pierden horas valiosas tanto para generar ingresos laborales como para compartir con la familia o realizar otras actividades. Esta pérdida de tiempo genera costos adicionales en comida fuera de casa o la necesidad del pago de ayuda para el cuidado de los dependientes en el hogar.
En una crisis, el transporte público tiene la potencialidad de ayudar a salir de la misma, pero también de profundizarla. Es decisión del gobierno y de los funcionarios a cargo convertir este servicio en un factor de reactivación económica de los hogares o por el contrario seguir contribuyendo a la mala calidad de vida de las personas.
Más de dos millones de personas se mueven en 4 o 5 ciudades cabeceras y sus respectivas áreas metropolitanas. Estas personas viajan para trabajar, para ir a la escuela o a los establecimientos de salud o para tener vida social. Es inadmisible que se le priven de estos derechos por razones de exclusión económica siendo el transporte público una obligación del Estado.
Muchos países están implementando subsidios directos a las personas que usan el transporte público con transferencias o reducción de costos a través de las tarjetas, que en nuestro caso es Jaha.
El país cuenta con la tarifa social de la ANDE que podría ampliarse de manera a reducir los costos de electricidad de manera a contrarrestar el aumento del gasto familiar derivado de los precios de combustibles fósiles. Paraguay es productor de energía eléctrica. Es una vergüenza que exista pobreza energética en nuestro país.
Tenemos dos programas sociales que en conjunto están beneficiando a más de 400.000 familias. Una entrega adicional y la ampliación de la cobertura es otra de las respuestas dadas por los gobiernos a nivel mundial.
Para realizar todas estas acciones y proteger a la población, los países están realizando cambios en sus sistemas tributarios de manera a financiar no solo las políticas de mitigación de los efectos de la inflación sino también las políticas de recuperación económica y el pago de los compromisos de deuda contraídos en la pandemia.
La equidad está en el centro de las decisiones ya que se sabe que hay sectores que no solo no están sintiendo los efectos negativos sino que se están beneficiando, inclusive durante el primer año de la pandemia. La mirada de estos gobernantes y economistas es muy clara. A largo plazo, si no salimos todos no le va a ir bien a nadie, por lo que no es ético ni económicamente sostenible la existencia de ganancias extraordinarias en un contexto de crisis múltiples.
El gobierno no puede quedarse impasible mientras la población sigue sufriendo una economía que desde años no mejora el ingreso real y actualmente ve venirse abajo sus niveles de consumo y la calidad de los bienes y servicios a los que con mucho esfuerzo podía acceder antes de la pandemia. Tanto los políticos con cargos electivos como los funcionarios de carrera deben asumir la responsabilidad derivada del pago de sus remuneraciones y proponer soluciones.
