18 feb. 2025

Urge una política de transporte para poner final a los chantajes

Varios sectores se encuentran presionando por sacarle ventaja al Estado frente a los problemas económicos que se avecinan. El aumento de los precios y las consecuencias de la sequía están generando demandas de políticas al Estado y de no garantizarse una buena gobernanza, los beneficios terminarán siendo para unos pocos, mientras que la mayoría de la población quedará fuera de los mismos, tal como suele ocurrir. No en balde, más del 90% de la población encuestada por Latinobarómetro opina que en este país se gobierna para una minoría. Los recursos del Estado deben ser utilizados en beneficio de la ciudadanía, por lo que cualquier intervención para mitigar las consecuencias de la pandemia y de la sequía deben estar libres de la influencia de grupos particulares, en este caso el sector transportista.

Los transportistas están nuevamente chantajeando al Gobierno con un paro si no reciben más subsidios. Este servicio es considerado esencial en la economía y ellos lo saben, por eso actúan de esa manera. Pero este mismo principio debe ser utilizado por el Gobierno para implementar una política al margen de las demandas de un sector que no ha mostrado interés en cumplir a cabalidad las reglas y en mejorar sus servicios a la ciudadanía.

La política de entregar subsidios al sector se ha mantenido por años mientras que el servicio no mejora. Al contrario, la permanente denuncia de los usuarios es el incumplimiento de las condiciones que el sector público establece a cambio del apoyo gubernamental.

Ante el intento de extorsión, los ministerios de Hacienda y Obras Públicas ya deberían tener otra solución basada en el subsidio a la demanda, tal como es en los países que cuentan con mejores sistemas de transporte público. Y no estamos hablando de Luxemburgo, Países Bajos u otras naciones desarrolladas, sino de países vecinos como Argentina o ciudades del Brasil.

La persistencia de un mal y costoso servicio evidencia la ausencia de interés gubernamental por utilizar los recursos públicos de manera eficiente y, sobre todo, poner como prioridad a la ciudadanía que utiliza los servicios.

Cómo es que después de tantos años de una política de mala calidad no existen evaluaciones y propuestas de cambio.

Están dadas las condiciones para transitar hacia un sistema de transporte sustancialmente mejor. Los países vecinos llevan más de 20 años adelantados mientras que nosotros seguimos atados a un sector empresarial que secuestró hasta la normativa.

Es inconcebible que el diseño de una política pública esté supeditada a los intereses particulares de unos pocos empresarios que actúan de manera colusiva en un mercado oligopolizado. Eso es inconcebible en un Estado de Derecho. No solo está mal, sino que debiera estar penalizado.

El transporte público tiene fundamental relevancia en la productividad del trabajo, en el acceso a la educación y salud y en el control de la contaminación.

Dada su importancia para la economía y para la calidad de vida, es uno de los ámbitos a nivel mundial de mayor intervención estatal, ya sea en por el rol regulador como en la gestión directa de la política.

Este servicio es de particular relevancia también cuando se trata de los objetivos de igualdad.

El gasto en movilidad tiene alto impacto en la canasta familiar, por lo que cualquier cambio en las tarifas afecta desproporcionadamente a los sectores de menores ingresos.

Tarifas altas constituyen un obstáculo para el acceso a servicios de salud, educación o cuidado, y reduce la movilidad laboral, necesaria para la eficiencia del mercado.

El aumento de precios de los combustibles y la discusión que se está dando es una oportunidad para dejar de tomar decisiones que solo sirven para poner parches y hacer los cambios que necesita la ciudadanía.

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