Luego de varios años de reclamos de un sector de la ciudadanía, la Junta Municipal de Ciudad del Este resolvió ayer, por siete votos a favor y cuatro votos en contra, solicitar la intervención oficial de la Municipalidad local, ante diversas acusaciones de presuntas irregularidades en la gestión de la intendenta Sandra McLeod de Zacarías, quien junto a su marido, el senador colorado Javier Zacarías Irún, y otros familiares son objeto de investigación por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos por presunto enriquecimiento ilícito.
Tras la aprobación en la Junta, la solicitud deberá ser presentada al Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, y según establece la Ley 317, los antecedentes deben remitirse a la Cámara de Diputados, donde se creará una comisión especial para investigar los hechos denunciados. En caso de que la Cámara Baja conceda su acuerdo, el Poder Ejecutivo deberá decretar la intervención y designar a un interventor.
Esta es la segunda vez que la Junta Municipal aprueba la intervención de la Comuna en la capital del Alto Paraná, pero en el caso anterior, ocurrido en el 2016, el pedido fue rechazado por la Cámara de Diputados. Esta vez, el pedido de intervención se da en una coyuntura política diferente, con una creciente movilización ciudadana que ha adquirido mucha fuerza y que ha logrado mayor visibilidad mediática, mientras el grupo político al cual pertenecen la intendenta McLeod y su marido, Javier Zacarías Irún, ya no dispone de una mayoría en los espacios de poder.
La decisión de los ediles constituye un hecho político importante, que ayer fue celebrado por el sector de la ciudadanía que desde hace años viene denunciando las supuestas irregularidades cometidas por los miembros del llamado clan Zacarías, quienes desde el 2001 manejan la Comuna esteña, luego también la Gobernación y otras instancias del poder en la región.
Corresponderá al Poder Ejecutivo y luego al Legislativo responder al pedido y arrojar luz acerca de una administración comunal sobre la que existen muchas acusaciones de irregularidades administrativas, supuestos desvíos de fondos e incumplimiento de pedidos de información pública, que estarían ligados a los hechos denunciados de presunto enriquecimiento ilícito.
Desde hace casi dos décadas, Javier Zacarías Irún, su esposa Sandra McLeod, su hermano Justo Zacarías Irún y otros parientes y allegados han logrado construir un poderoso esquema de poder que no ha dado lugar a la alternancia política en el gobierno municipal y luego departamental, con fuertes nexos en las estructuras de la política nacional.
La intervención de la Municipalidad esteña, en caso de ser respaldada por las autoridades del Gobierno central del Congreso, ayudará a otorgar la requerida transparencia a dicha administración, ante las múltiples y reiteradas acusaciones.