19 feb. 2025

Urge transformación estructural del transporte público

La problemática del transporte público de Asunción y el área metropolitana tuvo un nuevo pico con las filas de personas en las paradas y el escandaloso fraude que al parecer están realizando los transportistas al pasar las tarjetas por el sistema para aumentar el número de pasajeros. A la mala calidad del servicio se agrega otra forma de corrupción. Todo esto con el acuerdo tácito de las autoridades, ya que no ejercen su rol de control y fiscalización, tanto del servicio en sí mismo como de los recursos públicos invertidos en el mismo.

Sin dudas hay una responsabilidad compartida entre el sector público y el sector privado en la pésima gestión del transporte público. Por un lado, los funcionarios públicos que cobran sus sueldos mensualmente, e incluso bonificaciones, en lugar de ejercer sus competencias garantizando el bien común y los derechos de la ciudadanía, lo hacen a favor de un sector empresarial que desde hace años estafa al Estado de diferentes formas.

Décadas atrás realizaron préstamos del Banco Nacional de Fomento y del Instituto de Previsión Social que nunca devolvieron. Y más que eso, quedaron impunes tanto funcionarios como empresarios. De eso ya pasaron casi 30 años y el sector continúa en la misma tesitura.

Viven del Estado a costa de los impuestos de la ciudadanía afectando a un servicio elemental para la calidad de vida y la productividad de la economía.

La situación no ha mejorado nada en este lapso. La institucionalidad está capturada por el sector a través de múltiples vías, algunas formalizadas y otras por fuera del marco normativo.

En primer lugar, la inclusión de los transportistas en el Consejo Asesor para la fijación del precio del pasaje. Son jueces y parte a la vez y participan de manera directa en la regulación del precio del pasaje. Este decreto debe ser eliminado y debe crearse una instancia que, además de estudiar el costo del pasaje, transparente a la ciudadanía los procesos, cálculos realizados, listas y montos de beneficiarios de los subsidios otorgados.

En segundo lugar, hay vacíos regulatorios e inacción estatal que están claramente vinculados a favorecer al sector transportista. El Ministerio de Obras Públicas –con ministros, viceministros y directores del ente rector– fue históricamente y sigue siendo afectado por el problema de “puertas giratorias” a través del cual los empresarios con negocios en el sector ocupan cargo de responsabilidad. No hay normas que regulen esta conducta, tanto de empresarios que acceden a cargos públicos como de funcionarios de carrera que terminan en gerencias o direcciones de empresas que durante su gestión estaban bajo su competencia.

En tercer lugar, el sector público no tiene mecanismos de control, supervisión, monitoreo o evaluación de este servicio tan importante. No se conocen evaluaciones sobre la eficiencia del subsidio ni sobre el impacto del servicio. No está fácilmente accesible la estructura de costos con todos los datos necesarios para que la ciudadanía conozca hacia dónde van sus impuestos y sus pasajes pagados por el servicio.

La política de transporte es una de las más opacas.

Finalmente, están los problemas que afectan a las relaciones “informales”, como el hecho de que muchos propietarios de empresas son también autoridades de seccionales o el imperceptible financiamiento de campañas electorales.

La mayoría de los problemas que afectan al transporte público son fáciles de resolver si las autoridades tuvieran la voluntad de poner los derechos de la ciudadanía en el centro del objetivo de la política.

El transporte público es un derecho en sí mismo, pero también es un servicio que permite el ejercicio de otros derechos como a un trabajo, a la salud y a una vida sana y a la educación. Por otro lado, tiene importantes externalidades positivas como la reducción de la contaminación y del estrés. Ello también tiene implicancias en los objetivos de la transición energética.

El cambio es necesario, urgente, pero también posible; pero se requiere la acción conjunta de los tres poderes del Estado.