Las terribles escenas vividas durante la madrugada del domingo en Liberación, Departamento de San Pedro, resultan muy similares a las que ya se han vivido antes en otras ciudades como San Cristóbal, Ciudad del Este o Ypejhú, en donde bandas criminales fuertemente armadas, con alto poder de fuego y una acción tipo comando, toman por asalto a una población, neutralizan o mantienen a raya a la policía, incendian automóviles en las calles para aislar la zona y utilizan potentes explosivos para destruir edificios de bancos o empresas de seguro y llevarse el dinero, sin tener contemplaciones en disparar a matar a agentes policiales o personas de civil.
Estos altos niveles de violencia, que en épocas anteriores solo ocurrían en algunas pocas regiones fronterizas donde operaban grupos del crimen organizado, o más específicamente del narcotráfico, se han ido extendiendo cada vez más a otras regiones del país, provocando una creciente inseguridad para amplios sectores de la población, principalmente ante la ineficacia de los organismos de seguridad del Estado para enfrentarlos con eficacia y poder ponerles freno.
La presencia cada vez mayor de organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando da Capital (PCC) o el Comando Vermelho (CV) han sido determinantes para esta escalada de violencia delictiva, que también involucra a grupos armados como el llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), la Agrupación Campesina Armada (ACA), el Ejército del Mariscal López (EML), pero también involucra a clanes y bandas de delincuentes comunes de menor resonancia, como el clan Rotela o la banda de Amado Ramón Benítez.
Lo preocupante es que este tipo de golpes y atentados se suceden demostrando una amplia superioridad de los grupos criminales sobre las fuerzas de seguridad. En el caso de San Cristóbal, Alto Paraná, en 2014, por ejemplo, unos 50 hombres del PCC tomaron la comisaría policial, capturaron a los policías y se llevaron 200 millones de guaraníes de bancos y cajeros. En Ciudad del Este, en 2016, los hombres del PCC tomaron la segunda localidad más importante del país por varias horas, mantuvieron a raya a la policía y se llevaron 11.725.255 dólares de la empresa Prosegur, tras detonar la bóveda de seguridad.
En el caso de Liberación, sorprende que la comisaría local solo haya tenido cuatro policías que ni siquiera pudieron salir del local, cuando se trata de una ciudad con mucha actividad económica. La indefensión total de los pobladores, que lamentan el asesinato de un joven y las graves heridas de otras personas, solo por estar cerca del lugar del asalto, resulta llamativa, cuando se trata de una región que está bajo la supuesta vigilancia de la cuestionada Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), policial y militar, que insume un millonario presupuesto para repeler la acción de grupos criminales como el EPP.
Hasta ahora, el Estado no consigue establecer una política para prevenir o poner freno a la violencia. Permitir que este tipo de ataques criminales con alto poder de fuego siga creciendo con impunidad pone en riesgo a la población civil, y amenaza proyectos de inversión económica que son claves para el desarrollo del país. Es hora de responder con más eficacia a la acción criminal.
