El escándalo que se produjo ante las diversas revelaciones periodísticas en torno al acta bilateral sobre compra de energía de Itaipú que habían firmado en secreto los representantes diplomáticos de Brasil y Paraguay, cuyo contenido fue considerado altamente desfavorable para los intereses de nuestro país, despertó la justificada expectativa de que la Fiscalía investigue el caso, aclare lo que haya ocurrido y plantee el necesario castigo ante la Justicia para quienes resulten responsables, más allá de las renuncias y sustituciones, entre otras consecuencias que generó en el plano político.
Por ello, la conformación de un equipo especial, integrado por los agentes fiscales Marcelo Pecci, Liliana Alcaraz y Susy Riquelme, generó buenas expectativas en la ciudadanía, que aguardaba que las actuaciones tengan resultados más expeditivos ante la gravedad del caso. Sin embargo, el tratamiento que se le dio a la comparecencia de uno de los principales involucrados, el abogado José Rodríguez, generó críticas y desconfianzas iniciales.
Tal como se ha venido publicando, el abogado Rodríguez aparece seriamente comprometido en la crisis provocada, ya que según los testimonios y los chats proveídos por el ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Pedro Ferreira, el profesional del foro se presentó como presunto asesor jurídico y representante del vicepresidente Hugo Velázquez para intermediar a favor de una empresa brasileña, supuestamente vinculada a la familia del presidente brasileño Jair Bolsonaro, buscando favorecer a la misma con exclusividad en la compra de energía que corresponde al Paraguay, entre otras evidencias que sugieren su participación en la eliminación del punto 6 del polémico acuerdo, un acto que se consideró perjudicial para el país.
A pesar de las muchas evidencias sobre su participación en probables hechos punibles, que podrían implicar delitos como lesión de confianza, tráfico de influencias e incluso traición a la patria, tanto para Rodríguez como para el vicepresidente Velázquez y otros implicados, el abogado solo fue citado a brindar una declaración testifical y no declaración indagatoria. Tal como se encargaron de señalar varios juristas, ello implica beneficiar al principal acusado, como a su probable emisario, ya que habría dificultad para usar su declaración como elemento de imputación, así como para procesar a otros autores. Según los criterios jurídicos, aunque Rodríguez llegara a ser imputado más adelante, su defensa tendrá suficiente elementos para solicitar una nulidad, como ha ocurrido en otros procesos judiciales anteriores.
Llama la atención este proceder de los fiscales, como la evidente lentitud con que se está llevando a cabo una investigación que resulta crucial para dilucidar el caso más grave de crisis política. Inevitablemente, esta situación crea en la opinión pública la presunción de que se está buscando cubrir o favorecer al vicepresidente Hugo Velázquez y a otros implicados, despertando temores ante una posible situación de impunidad.
El gran interés que existe acerca del caso debe motivar a una mayor celeridad y a mostrar mejores avances, para contribuir a devolver la confianza de la ciudadanía.
