Editorial

Urge investigar denuncias de vínculos con la narcopolítica

Varios datos preocupantes han surgido en las denuncias del director de Aduanas, Julio Fernández, contra el senador colorado Martín Arévalo, entre ellas de que el parlamentario tiene vínculos con el crimen organizado, vinculado a un mecanismo mafioso que opera en la institución, de la mano de padrinos políticos, pero ni la Fiscalía ni los legisladores parecen interesados en investigar el caso y sancionar a quienes resulten culpables. Las fuertes acusaciones que formuló durante su descargo en la Comisión Anticontrabando del Senado deberían ser suficientes para al menos indagar cuánto hay de verdad. Una vez más, los vínculos de la narcopolítica entre altas autoridades aparecen visiblemente, en vísperas de una contienda electoral, pero quienes deben intervenir no se dan por enterados, lo cual los convierte en cómplices de presuntos graves hechos delictivos.

Lejos de echarse atrás, sigue sosteniendo más fuertes acusaciones. En su descargo ante la Comisión Anticontrabando del Senado, el lunes último, el director de Aduanas, Julio Fernández, se ratificó en que el senador colorado Martín Arévalo cometió tráfico de influencias, al pedirle que ordene el traslado de un colaborador suyo, el funcionario aduanero Miguel Ángel Medina Prieto, como administrador de Terport, San Antonio. Alegó que, al no tener una respuesta positiva, pidió que Medina Prieto sea nombrado como administrador en el puesto aduanero Algesa, en Ciudad del Este.

También insistió en que el senador Arévalo intercedió para que se libere un cargamento del empresario de origen árabe Ahmad Khalil Chams, cuyas mercaderías habían sido decomisadas en Aduanas por haber sido introducidas al país como contrabando, por un valor de tres millones de dólares, cargamento que luego fue robado de Aduanas, y de cuya denuncia se hizo cargo el legislador oficialista.

Redoblando las acusaciones en su descargo ante la comisión parlamentaria, el director de Aduanas agregó a sus denuncias que el senador Martín Arévalo también tiene vínculos con el crimen organizado, vinculado a un mecanismo mafioso que opera en la institución, de la mano de padrinos políticos.

En el inicio de su intervención, Fernández brindó datos oficiales sobre la importación de celulares de contrabando, en un 60%. “Aquí no hay un tango, sino una coreografía de importadores, funcionarios, despachantes, y siempre hay un padrino político”, precisó. Sostuvo que uno de los implicados en la clonación del contenedor denunciado es Gregorio Cubilla, y que se accedió a un documento que lleva la firma del recomendado de Arévalo. “Hay vinculaciones. Gregorio Cubilla está con orden de captura, y el ciudadano que aboga por la carga no es ningún santo”, refirió, en alusión al árabe Ahmad Khalil Chams.

Insistió en que, en las acciones del legislador, “además de presionar exageradamente, estamos viendo asociación criminal con gente que está en la clandestinidad”. Acerca de Chams, Fernández indicó que el empresario árabe, desde el 2011, ya no opera como importador, pero que se declara financista de la carga importada por Cubilla, a quien sindica como “confeso del crimen organizado”, y recomendó a los fiscales de la causa “ponerse las pilas”.

Las acusaciones del director de Aduanas resultan cada vez más graves, con indicios evidentes que avalan la veracidad de los hechos denunciados, pero ni la Fiscalía ni los legisladores parecen interesados en investigar del caso y sancionar a quienes resulten culpables.

Las fuertes versiones deberían ser suficientes para al menos indagar cuánto hay de verdad en ellas. Una vez más, los vínculos de la narcopolítica entre altas autoridades aparecen visiblemente, en vísperas de una contienda electoral, pero quienes deben intervenir no se dan por enterados, lo cual los convierte en cómplices de presuntos graves hechos delictivos.

Una situación que solo avala las sospechas sobre la manifiesta parcialidad de la Fiscalía hacia uno de los sectores políticos en campaña.

Dejá tu comentario