La auditoría realizada por la CGR en el 2018 dejó en evidencia que el intendente Alejandro Urbieta autorizó la transferencia de G. 4.812.990.000 de las cuentas del Fonacide a la cuenta corriente Nº 15010103336 de recursos propios. “Transferencias interbancarias realizadas desde la cuenta de origen Fonacide, cuya devolución no fue determinada por el equipo auditor en el periodo auditado”, señala la CGR.
Con esto, el Ejecutivo municipal incumplió el Decreto reglamentario Nº 8127/00 de la Ley 1539/99, artículo 46; además el Decreto N° 8452/18 de la Ley N° 6026/18, artículo 378.
Ante esta situación, el intendente se comprometió en dos ocasiones, nota mediante, a devolver el dinero a la cuenta original. Lo hizo en el 2018 y volvió a recibir el desembolso; sin embargo, no cumplió con su compromiso. Misma cosa hizo en mayo de 2020, pero hasta el momento no ha devuelto el dinero, según comentó Ytalo Centurión, concejal municipal. “Este es solo un punto de las irregularidades detectadas por la Contraloría y que obran en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados; acá no existen intereses políticos de colorados, son los mismos liberales los que iniciaron la lucha desde hace casi dos años”, señaló el edil.
Agregó que los balances de 2018 y 2019 son copia y pega y que los informes solicitados al Ejecutivo solo tuvieron respuestas risibles sin documentos respaldatorios. “El argumento de algunos diputados es que no existen daños patrimoniales, pero qué más quieren de las observaciones de Contraloría, que con una intervención van a saltar como tremendos daños patrimoniales”, dijo el concejal Centurión, contador de profesión.
Por su parte, Alejandro Lavand, otro concejal que pidió la intervención, señaló que no existe ningún interés político como quieren aparentar los senadores y el grupo del intendente. “Acá hay dos concejales liberales y un grupo de ciudadanos que iniciaron la lucha hace casi dos años, debe llegar la intervención para apaciguar los ánimos y esclarecer los hechos denunciados”, dijo Lavand.
Entre las acusaciones resaltan un préstamo bancario de 4 mil millones de guaraníes para obras de desagües pluviales; sin embargo, se usaron para pago de salarios y transferencias directas a comisiones vecinales por algunas obras ejecutadas a medias, contrato con una empresa, Conserpar, por unos 8 mil millones de guaraníes en el 2016, sin que hasta la fecha hayan terminado las obras anunciadas en el proyecto. Otras que se iniciaron después de la presión ciudadana, denuncias judiciales de funcionarios despedidos sin justificación, deudas a funcionarios municipales (4 meses de atraso), denuncias de la Dibén por falta de transferencia desde 2016, falta de transferencia al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepción, deuda a la Caja de Jubilaciones que ya derivó a denuncias judiciales.
El intendente Urbieta se encuentra en Asunción desde hace varios días, y a través de un audio dijo que no entiende lo que pretenden los manifestantes, entre los cuales se encuentran sus propios correligionarios. Indicó que todo está en la Cámara de Diputados.
