Los concejales ya habían presentado sus cuestionamientos el pasado 13 de julio pidiendo a la comisión especial solicitar a la plenaria la intervención de la administración por varios puntos anotados como cabeza de proceso.
Entre las acusaciones resaltan un préstamo bancario de G. 4.000 millones para obras de desagües pluviales. Sin embargo, se usaron para pago de salarios y transferencias directas a comisiones vecinales por algunas obras ejecutadas a medias. Otro hecho llamativo es el contrato con una empresa denominada Conserpar por unos G. 8.000 millones en el 2016, sin que hasta la fecha hayan terminado las obras anunciadas en el proyecto.
Otros hechos tienen que ver con denuncias judiciales de funcionarios despedidos sin justificación, deudas a funcionarios municipales (4 meses de atraso), denuncias de la Dibén, entre otras.