El Gobierno incluyó dentro del paquete de propuestas legislativas para el combate a crímenes transnacionales, como el lavado de dinero y el terrorismo, la creación de una secretaría de inteligencia financiera que reemplazará a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
El objeto de la ley es establecer las obligaciones para prevenir y mitigar el riesgo de utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la realización de actos destinados al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y a otros hechos punibles precedentes o conexos.
También se crea el sistema de prevención y mitigación de riesgos de realización de actos destinados al lavado de activos.
Entre la competencia de la nueva secretaría que entraría a regir desde su promulgación, acogiendo la legislatura que hoy tiene Seprelad así como el presupuesto que se le asigna a la misma, está la de dictar reglamentos de carácter administrativo que deban observar a los sujetos obligados por la ley con el fin de prevenir, detectar y reportar las operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros posibles hechos punibles que atenten contra el orden financiero y económico.
Varias son las sanciones que se establecen serán aplicadas a sujetos que transgredan la ley, sean estos físicos o jurídicos.
Se establece desde la amonestación pública, la nota de apercibimiento, hasta las multas. En el caso de las personas jurídicas serán de hasta 5.000 salarios mínimos y en caso de personas físicas, de hasta 500 salarios mínimos mensuales.
Quedan sujetos a las obligaciones establecidas en la presente ley los bancos, financieras, compañías de seguro y reaseguros, casas de cambio y corredores, empresas fiduciarias; empresas de medios de pagos electrónicos; bolsas de valores, casas de bolsa e intermediarios, sociedades de inversión, y administradores de fondos patrimoniales de inversión. También las administradores de fondos mutuos de inversión y jubilación; cooperativas, casas de créditos y las que explotan juegos de azar, etc.
Este documento fue incluido dentro del paquete de leyes que impulsa el Poder Ejecutivo a partir de la presentación de medidas para reforzar las normas contra el lavado de dinero, el terrorismo y el narcotráfico.
Objetivo. El objetivo que el Gobierno se trazó es que se implementen las medidas para que una vez que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) haga una inspección en el país, el Estado evite la situación de caer en la lista gris de países que no cumplen con la norma internacional.
La semana pasada el Gobierno presentó ante la Bicameral del Congreso las medidas para su tratamiento en ambas Cámaras.
De inmediato el Senado dio entrada a los doce proyectos.
Según lo expresado por el senador Blas Llano, miembro de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, antes que termine el periodo parlamentario darán ágil trámite a cuatro o cinco proyectos que no impliquen un estudio muy minucioso, de modo que sean sancionados al inicio del periodo entrante, con la colaboración de Diputados.
El Gobierno ha recibido respaldo de todos los sectores en su combate al lavado, el narcotráfico y el terrorismo.