El burgomaestre dijo a Canal N que espera que la fiscal del caso ponga fecha para que el municipio, donde se ubica la construcción en uno de sus cementerios, proceda con lo que les corresponde.
“Vamos a enterrar los cuerpos en fosas separadas y vamos a demoler esta construcción ilegal porque el orden en el país es una cuestión urgente”, expresó Saldaña.
La sala emitió una resolución que declara improcedente un pedido de la Segunda Fiscalía Superior Penal, después de haber solicitado estar presente para velar y cautelar la intagibilidad de los restos.
La existencia del mausoleo fue revelada en septiembre pasado por medios locales, que difundieron un video donde se ve a decenas de personas reunidas en torno a la construcción para enterrar los restos de un grupo de senderistas muertos en la matanza de El Frontón, la isla penal frente al puerto del Callao donde murieron más de 100 presos por terrorismo en un motín en 1986.
Las imágenes, al parecer grabadas el 19 de junio de 2016, mostraron que los participantes de la marcha fúnebre portaban pancartas rojas con letras amarillas en las que se leía lemas como “Solución Política, Amnistía General y Reconciliación Nacional”.
Tras conocerse la información, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, declaró que el mausoleo “debe desaparecer” y “retirar los cadáveres de ahí con respeto”.
El alcalde de Comas agregó que sacarán los ocho ataúdes del pabellón y van a demoler la construcción ilegal del “mal llamado mausoleo”.
Los familiares de los ocho senderistas enterrados expresaron su oposición a la demolición mediante un escrito enviado al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por el presidente de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Genocidio (Afadevig), Miguel Angel Canales.
El escrito aseguró que esos restos “constituyen el cuerpo del delito” en el juicio sobre el “caso El Frontón” y que tienen “condición de inamovibles en tanto no lo disponga la autoridad judicial”.
Sendero Luminoso fue el responsable de la mayoría de los casi 70.000 muertos que se registraron en Perú entre 1980 y 2000 durante el conflicto armado que los subversivos lanzaron contra el Estado peruano, según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
