Como el régimen impositivo, o quizá en mayor medida, el sistema de jubilaciones y pensiones paraguayo es de los más desiguales de la región. También como el impositivo, es innegable que se necesita una reforma ante las conocidas inequidades.
Y no debe tomarse como algo personal, egoísta o fatalista.
Repasemos, nomás, las principales características del régimen previsional actual. Según un informe del Ministerio del Trabajo, existen ocho diferentes cajas, entre públicas y privadas, pero no hay una sola variable o indicador unificado.
Mientras que el aporte en IPS llega al 25% (entre aporte obrero y patronal) y para tener una jubilación anticipada con una tasa de sustitución del 80%, se debe contar con al menos 30 años de aporte y 55 años de edad, los militares y policías aportan solo el 16% y no cuentan con una antigüedad mínima obligatoria para acceder a una jubilación del 100% de su salario. Los docentes, por su parte, con un aporte similar al de militares y policías, deben aportar mínimamente por 25 años para jubilarse con una tasa mínima del 83% de sus ingresos.
De hecho que si bien el IPS no está pasando aún por una crisis financiera, sí está constantemente deficitaria la Caja Fiscal, que sostiene a policías, militares y docentes. Un informe publicado por Hacienda reveló días pasados que 813 millones de dólares fue el saldo rojo que soportó la Caja Fiscal en los últimos 5 años para sostener a estos tres sectores. De ese total, 624 millones de dólares fueron costeados con el cobro de impuestos, mientras que el saldo restante se cubrió con las reservas del sector civil.
Citando solo estas realidades, se evidencia que no solo hay desigualdades en las regulaciones sectoriales que causaron una notoria fragmentación del sistema y penosas situaciones de privilegio, sino que la sostenibilidad misma de las cajas, en términos financieros y de protección, está en duda.
Ahora, el Gobierno debe tener en cuenta que es imposible avanzar con una reforma tan delicada y profunda, sin un consenso social.
Prueba suficiente fue el fallido proyecto que pretendía crear la superintendencia de jubilaciones y pensiones, planteamiento que fracasó el año pasado en el circuito legislativo por la falta de diálogo con los sectores involucrados y afectados.
El trabajador, empleador y el jubilado deben ser parte de una gran mesa técnica que tenga como fin el trabajo de elaboración de un proyecto acordado, pero que además siga instalada para que sea parte de un proceso de seguimiento del proyecto, y si llegara a sancionarse y promulgarse, que se convierta en un instrumento de supervisión de los objetivos, las proyecciones y metas del sistema.
Al mismo tiempo, el Gobierno debe empezar a caminar sin mirar a los costados y de una buena vez impulsar estrategias y acciones que permitan reducir la alta informalidad laboral. En un país que está a un paso del grado de inversión y que está en la mira de los principales organismos internacionales, que solo 2 de cada 10 aporten a un sistema de seguridad social es una carta de presentación de la que no debemos estar necesariamente orgullosos.
En su Estudio Multidimensional sobre Paraguay, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) nos dio un mensaje claro: los diversos parámetros de los programas jubilatorios (tasas de cotización, edad de jubilación y tasas de sustitución, entre otros) originan indiscutiblemente desigualdades. Por esto, recomienda una reforma integral que permita superar la barrera de la inequidad y avanzar hacia un sistema que garantice una pensión digna para los jubilados.
En la fecha se inician las discusiones sobre los cambios en el régimen de jubilaciones, según informó el Ministerio del Trabajo. Es fundamental que estas discusiones sean constructivas y que el resultado sea un proyecto de reforma justo y ecuánime.
