Editorial

Una policía modernizada, pero no en contra de la Constitución

La Policía Nacional requiere una serie de intervenciones y modificaciones para erradicar antiguos vicios, ayudando a desterrar estructuras de corrupción y mejorar su eficiencia, pero los cambios deben hacerse en el marco de lo que establecen la Constitución y las leyes. La propuesta del senador cartista Sergio Godoy, que plantea eliminar el Ministerio del Interior y dar autonomía plena a la Policía, es claramente anticonstitucional y, lejos de buscar la modernización policial, parece responder a un intento de control político del organismo de seguridad, algo que puede resultar aún mucho más nocivo para el sistema democrático. Hay que oponerse a esta maniobra y buscar soluciones más valederas.

En la sociedad paraguaya existe un consenso de que las fuerzas policiales aún no han acabado de desprenderse de prácticas heredadas de la época de la dictadura stronista, entre ellas la tendencia a seguir apelando a tácticas represivas que violan los derechos humanos o la permeabilidad a estructuras de corrupción, además de las limitaciones en capacitación y recursos, que inciden en su escasa eficiencia para lograr garantizar una mayor seguridad a la ciudadanía.

A pesar de algunos importantes avances que se han logrado desde el fin del régimen dictatorial, también hay consenso en que la Policía necesita de una mayor modernización y de una preparación más profesional, incluyendo la provisión de más presupuesto para aumentar sus áreas de cobertura.

Tal como lo ha afirmado el anterior ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, al ser interpelado en el Senado, la Policía Nacional cuenta actualmente con unos 23.500 efectivos, lo que equivale a unos 1,2 agentes por cada 1.000 personas, cuando el número ideal que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es que haya 3,3 policías por cada 1.000 habitantes. Es decir, el Paraguay tiene un déficit de unos 15.000 policías, que deben ser incorporados. Además, unos 3.000 policías cumplen labores de custodio para instituciones públicas, personas y empresas particulares y una cantidad similar desempeña labores administrativas, restando aún más a las fuerzas operativas.

Ante la escalada de ataques de los delincuentes comunes, especialmente de los asaltantes que actúan en motocicletas (popularmente denominados como motochorros) y de golpes más complejos a cargo de bandas del crimen organizado, es necesario reformular la organización de la Policía Nacional. Sin embargo, esta reorganización no puede hacerse con planteamientos que son claramente contrarios a lo que establecen las leyes y la propia Constitución Nacional, como la que ha formulado en estos días el senador colorado cartista Sergio Godoy, quien plantea eliminar la existencia del Ministerio del Interior, para atribuir sus “competencias no vinculadas con la seguridad interna a otros ministerios”. El legislador propone dar autonomía a la Policía, que por la Carta Magna responde a la autoridad del Ministerio del Interior.

De manera llamativa, la propuesta del senador Godoy surge luego de que el presidente Mario Abdo Benítez haya nombrado como nuevo ministro del Interior al veterano político Euclides Acevedo, que no pertenece al Partido Colorado, algo que fue criticado por el movimiento Honor Colorado, liderado por el ex presidente Horacio Cartes y luego de que también se haya rechazado en el Congreso un proyecto de ley que pretendía modificar la estructura y el funcionamiento de la Policía, que fue duramente cuestionado por familiares de policías y por policías retirados.

El planteamiento del legislador cartista adquiere de este modo la forma de un intento de castigo al actual Poder Ejecutivo y la pretensión de ejercer un control político sobre la Policía, algo que puede resultar mucho más nocivo para el sistema democrático. Por ello urge oponerse a esta maniobra y buscar soluciones más valederas a la problemática de la inseguridad ciudadana.

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