Luego de que el Gobierno de Mario Abdo Benítez había celebrado la obtención de una histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por primera vez había absuelto a un Estado, no dando lugar a la demanda de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán por un caso de presunto secuestro y tortura que habría ocurrido en 2002, esta vez el Ejecutivo acaba de sufrir un severo revés al no lograr que las tres personas, consideradas prófugas de la Justicia paraguaya por estar acusadas de haber participado del secuestro de María Edith de Debernardi en 2001, puedan ser traídas a responder ante los tribunales locales.
Arrom, Martí y Colmán, entonces dirigentes del Partido Patria Libre, de tendencia izquierdista, se habían fugado del Paraguay en 2002, tras el escándalo mediático de su presunto secuestro por supuestos miembros de la Policía, para evitar presentarse al juicio por el secuestro extorsivo de María Edith, quien los identificó y los acusó como miembros de la banda que la mantuvo cautiva entre noviembre de 2001 y enero de 2002.
Los tres prófugos lograron obtener el estatus de refugiados en Brasil, donde permanecieron durante 17 años, hasta que el Gobierno paraguayo logró que el presidente brasileño Jair Bolsonaro les revoque el estatus de refugiados para iniciar el estudio de un pedido de extradición.
Fue entonces cuando Arrom, Martí y Colmán se fugaron a Uruguay, donde se presentaron a pedir refugio. Ante el pedido de extradición de la Justicia paraguaya fueron encarcelados, mientras se estudiaba el caso. Finalmente ayer, tras publicar una foto en la que se los veía en el aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, a punto de abordar un avión, el fiscal adjunto Ricardo Merlo informó que los tres se estaban fugando del Uruguay con dirección a Finlandia.
Después se supo que en términos estrictamente jurídicos no cabe hablar de una fuga, ya que la Justicia uruguaya había decidido otorgarles la figura de refugiados y rechazar el pedido de extradición presentado por parte del Paraguay, sin que hasta ahora se conozcan las razones de tal decisión debido a que el proceso fue mantenido en secreto, con base en las leyes uruguayas. También se supo que los tres habían obtenido la admisión como refugiados por parte de las autoridades de Finlandia, que incluso Juan Arrom y Víctor Colmán ya contaban con cédulas de identidad del país nórdico europeo, mientras Anuncio Martí viajaba con un salvoconducto provisto por la Acnur, la organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, encargada de proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones o conflictos.
Se puede concluir que las autoridades paraguayas no operaron con suficiente habilidad para evitar este negativo resultado, pero no por ello deja de resultar llamativa la complicidad de las autoridades de Uruguay y Finlandia, como de la propia Acnur, para otorgarles el estatus de refugiados, cuando la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos había certificado que los tres prófugos no sufren persecución política por parte del Estado paraguayo.
El Gobierno debe extremar los esfuerzos para tratar de revertir este gran revés, aunque ahora probablemente resultará mucho más difícil.