Posteriormente la policía pudo determinar que, a pesar de no contar con ningún documento de identidad consigo, el hombre asesinado era un indígena de 29 años de edad, llamado Lorenzo Silva Arce, oriundo de la ciudad de Tacuatí, que sobrevivía en las calles y se dedicada a reciclar basura para poder comer. Según los registros en video, el auto había pasado por el lugar en dos ocasiones anteriores, como si sus tripulantes estuvieran observando la característica de la víctima y estudiando el terreno para advertir que no existieran testigos, antes de cometer el crimen.
Por la manera en que fue ejecutado, la principal hipótesis de la policía es que se trató de un crimen de odio por aporofobia (desprecio a los pobres), lo que significaría que lo mataron solo por ser un indigente. La otra hipótesis es que podría tratarse de un ajuste de cuentas, pero no hay elementos que la sostengan, ya que no se conoce que Silva Arce haya tenido enemistades y tampoco tenía antecedentes penales. Además resulta llamativo que puedan existir motivos para ajustar cuentas entre un indigente que dormía en la calle y personas que se movían a bordo de un auto lujoso.
Lo llamativo es que, a pesar de la repercusión que el caso tuvo en los medios de prensa y en las redes sociales, las autoridades no se dispusieron a avanzar en las investigaciones para hallar a los asesinos, como si el asesinato de un indígena no tuviese mucha importancia. Fueron los miembros de algunas organizaciones sociales, como la Sociedad de Comunicadores y la Asociación de Comunicadores Católicos quienes realizaron actos de recordación en el mismo sitio del asesinato para reclamar que la Justicia no olvide el caso solo porque la víctima era alguien que era parte de los llamados “nadies” o “invisibles” de la sociedad.
Finalmente, a más de dos semanas de ocurrido el trágico hecho, la fiscala general Sandra Quiñónez conformó un equipo integrado por las agentes fiscales Daniela Benítez, Silvia Cabrera e Irene Álvarez para proseguir las investigaciones.
Aunque es destacable que se impulse esclarecer el crimen, no deja de llamar la atención la lentitud con que el sistema de Justicia ha respondido ante este caso y que lo haya hecho recién tras el reclamo de organizaciones sociales. Sería lamentable que se haya dado poca importancia a este asesinato por ser precisamente la víctima un indigente, más aún cuando posiblemente lo ocurrido revela una actitud enfermiza y despreciativa hacia sectores marginados de la sociedad. Lograr que la Justicia sea igual para ricos y pobres, para influyentes e indigentes, sigue siendo el ideal de una sociedad democrática.