El fiscal general de Arkansas recurrirá la decisión de la jueza Kristine G. Baker, pero la orden frena por el momento las ejecuciones, según informaron hoy medios locales.
En una orden de 101 páginas, la jueza hace suyos los argumentos de los reos que el estado iba a ejecutar en esta serie, que inicialmente eran ocho, pero dos ejecuciones fueron suspendidas por otros magistrados en los últimos días.
La jueza, nominada por el expresidente Barack Obama, considera que es “significante” la posibilidad de que los reos sufran “un daño irreparable” si el medicamento midazolam, un sedante usado en la inyección letal, no funciona adecuadamente, ya que la ejecución podría resultar fallida o el prisionero sufrir un enorme daño antes de morir.
La oficina del fiscal general de Arkansas consideró la decisión de la jueza “desafortunada” y anunció que recurrirán al Tribunal de Apelaciones del octavo circuito.
Por su parte, el gobernador del estado, el republicano Asa Hutchinson, consideró que “las revisiones de último minuto de los tribunales son parte del difícil proceso de los casos de pena de muerte” y expresó su solidaridad con la familia de las víctimas que, “una vez más, tienen que lidiar con las continúas revisiones de las cortes”.
La orden de la jueza llega después del anuncio de otras dos decisiones judiciales el viernes que ya obstaculizaban las ejecuciones previstas en el estado para este mes.
Un juez del condado de Pulaski, Wendell Griffen, emitió este viernes una orden temporal que prohíbe al estado usar uno de los tres medicamentos previstos para las ejecuciones, el bromuro de vecuronio, porque la empresa que se lo vendió, McKesson, presentó una denuncia en la que alega no haber sido informada de que iba a utilizarse para aplicar la pena capital.
La orden, que el fiscal general del estado anunció que llevará al Supremo estatal, establece que Arkansas no usará el bromuro de vecuronio obtenido de McKesson hasta que así lo dictamine esa misma corte, donde está prevista una audiencia de urgencia el martes.
Hutchinson había justificado su decisión de programar ocho ejecuciones en 11 días, entre el 17 y el 27 de abril, porque a finales de mes caduca el suministro estatal del sedativo midazolam, uno de los tres medicamentos de las ejecuciones, que es difícil de conseguir y además las farmacéuticas son reticentes a que sus productos se usen para la pena capital.
Poco antes de la decisión del juez Griffen, la Corte Suprema de Arkansas suspendió el viernes la ejecución de Bruce Ward, de 60 años, que se sumó a la suspensión de la de Jason McGehee días antes.
Ward iba a ser el primer reo ejecutado, el lunes, en la serie prevista de ejecuciones, de dos en dos, a lo largo de la segunda mitad de abril.
Ningún estado ha ejecutado a tantos individuos en un plazo tan corto de tiempo como Arkansas pretendía hacer. Solo Texas ejecutó dos veces a seis reos en 10 días, en 1997 y en 2000, según el Centro de Información de la Pena de Muerte, una organización no gubernamental.
Hutchinson tomó la decisión de programar las ocho ejecuciones en febrero, después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. rechazara una demanda de un grupo de presos contra las inyecciones letales utilizadas por Arkansas y diera así luz verde a reanudar la aplicación de la pena capital.
Arkansas, que no ejecuta a ningún preso desde 2005, era uno de los estados del país con la pena de muerte estancada en los tribunales por litigios contra sus protocolos.
Las ejecuciones programadas en Arkansas mediante inyección letal despertaron no solo la condena contra ellas en EE.UU., sino también fuera de sus fronteras. Este miércoles el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) instó al gobernador Hutchinson a que las conmute.
