Sucesos

Una Corte dividida

 Raúl Ramírez Bogado @Raulramirezpy

La elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia mostró una profunda división entre sus miembros, lo que, por primera vez quedó por escrito, con la nota del ministro Manuel Ramírez Candia, que ni siquiera asistió a la plenaria.

Analicemos lo sucedido. El miércoles anterior, en sesión plenaria, debían realizar la designación del nuevo presidente del Máximo Tribunal de la República.

Poco antes, a las 08.20, el ministro Manuel Ramírez Candia presenta una nota dirigida al presidente Alberto Martínez Simón, en la cual comunicaba que no iba a asistir a la plenaria. Señalaba que no participaría de la elección de autoridades “en protesta por el criterio de selectividad política partidaria que impone la mayoría en la designación de las autoridades”.

A esto se sumaría que llegada la hora de la sesión –prevista para las 09.00– tampoco llega la ministra Gladys Bareiro de Módica. El presidente Martínez Simón informa que la misma no estaba en el Poder Judicial.

Estaban presentes siete ministros, entre ellos, Antonio Fretes, quien desde marzo del 2020 había participado de las sesiones solo en forma virtual. Es más, interrumpía su reposo, por lo que, según fuentes, lo acompañó su médico.

Con ese número se alcanza el cuórum legal, para la elección, por lo que pese a la inasistencia de dos de sus miembros, continúa.

En la votación para presidente de la Corte, el ministro César Diesel tiene cinco votos a favor y dos en blanco. Así, su victoria es bastante ajustada, ya que cuatro ministros lo apoyan y cuatro están en su contra. El quinto y decisivo voto es el suyo.

El resultado muestra que había una profunda división y que se jugaba con que el ministro Fretes no asistiera por su reciente reposo para evitar realizar la elección ese día. Pero esto no prosperó.

Las opiniones divididas se ven también luego en las votaciones siguientes para vicepresidente de la Corte.

Es que el ministro César Garay, electo vicepresidente primero, tiene seis votos a favor y uno en blanco. Su colega Luis María Benítez Riera, designado como vicepresidente segundo, tiene similares números.

EL PROBLEMA. La cuestión a analizar, no obstante, es la protesta pública hecha por Ramírez Candia, quien asegura que existe un criterio de selectividad política partidaria. Esto, porque Ramírez Candia y Bareiro pertenecen al sector liberal, mientras que todos los electos como presidentes de la Corte en los últimos años son colorados.

Diesel, en conferencia de prensa posterior, negó rotundamente que su designación se haya urdido o planeado desde otro poder del Estado, lo que siempre se dice, aunque no se puede comprobar.

Otros señalan que es la masonería la que elige a los presidentes de la Corte, ya que varios de los ministros integran las logias y es conocida la fraternidad masónica.

Pese a lo que se dice, es algo difícil de probar, por lo que la protesta de Ramírez Candia adquiere más relevancia, ya que se trata de uno de los integrantes del colegiado.

Es que, como se dijo, es la primera vez que se hace una protesta así. El doctor José Casañas Levy, en declaraciones a la prensa, expresó que la denuncia de “selectividad política partidaria” era incluso causal de juicio político. Mencionó que Ramírez Candia debía decir los nombres. Citó incluso el artículo 3 de la Constitución, que habla del Poder Público ejercido por el pueblo a través del sufragio, el sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control.

También del artículo 3, del Código Procesal Penal, que habla de la independencia e imparcialidad. Esto, en lo que se refiere a la injerencia de integrantes de otro poder estatal.

“En caso de injerencia en el ejercicio de sus funciones, el juez informará a la Corte Suprema de Justicia sobre los hechos que afecten su independencia. Cuando provenga de la propia Corte Suprema de Justicia o de alguno de sus ministros, el informe será remitido a la Cámara de Diputados”, citaba.

Si bien es muy difícil que la cuestión pase al ámbito de la Cámara de Diputados, que es la que acusa ante el Senado en caso de juicio político a los ministros de la Corte, igual es atendible la cuestión.

El problema es que el inicio de la presidencia ya muestra una división entre los miembros, y con la protesta de Ramírez Candia, que existe dependencia de César Diesel de sectores políticos, que es lo más criticable.

Ramírez Candia se ratificó el jueves en la prensa de su denuncia de la injerencia de políticos y masones en la Corte. Sin embargo, el viernes acompañó al presidente Diesel a recorrer las sedes de los exámenes de escribanos, lo que parece contradictorio.

Es evidente que el trabajo para el presidente César Diesel es cicatrizar las heridas y cambiar la imagen que da al empezar su mandato.


Para entender
SUSPENSIÓN A PRUEBA DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA. Cuando la pena sea de hasta 2 años, se podrá suspender su ejecución. Esto, por la personalidad, la conducta y las condiciones de vida del autor se pueda esperar que, con obligaciones, reglas de conducta o con un asesor de prueba, pueda pagar por su delito y no delinquir.
NO SE DARÁ LA SUSPENSIÓN. Cuando en los 5 años anteriores al hecho, el autor fue condenado a una o más penas que, en total, sumen un año de prisión o multa. Tampoco se dará cuando el nuevo delito se hizo en el periodo de prueba de una pena anterior.
CÓMPUTO. La suspensión no podrá ser limitada a una parte de la pena. No se computará la prisión u otra anterior. Se fijará un periodo de prueba no menor de 2 ni mayor de 5 años, desde la sentencia firme. Este periodo podrá luego ser reducido al mínimo o ampliado. (F.: Código Penal).

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